Fernando Lussón

COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


El parto de los montes

12/10/2022

Se reúnen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo para abordar la crisis desatada por la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes -último episodio en cuatro años del órgano de gobierno de los jueces en funciones- y acuerdan hablar para seguir negociando sin ser capaces de dar con una solución que dilatan en el tiempo, sin que en principio sus posiciones se hayan movido,  y lo único que ha cambiado ha sido el tono. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, resuelve la crisis del gobierno catalán tras la decisión de los militantes de Junts de retirarle su apoyo y nombra tres consellers independientes procedentes en su vida anterior del PSC, de CiU y de Podem, como si los nombramientos tuvieran un efecto taumatúrgico y ocultaran su debilidad parlamentaria.

Ruido, mucho ruido, para tomar decisiones que podrían haberse adoptado antes, y en segundo lugar que hace que las palabras enmascaren la realidad porque bajo la premisa de la discreción se oculta los verdaderos intereses de las partes a la hora de abordar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y al mismo tiempo la de los magistrados del TC que corresponden al órgano de gobierno de los jueces y al Gobierno. En este asunto habría que recordar a quienes señalaron que el PSOE y el Gobierno habían cometido un error estratégico al desbloquear la renovación de cargos en algunas instituciones constitucionales -TC, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo-, sin amarrar la renovación del CGPJ, que es la clave del arco de la más grave crisis institucional desde la abdicación de Juan Carlos I, y aun aquella se resolvió por los medios constitucionales previstos. 

Feijóo ha asegurado que Sánchez se ha comprometido a cambiar el sistema de elección de los vocales del poder judicial, lo que no quiere decir que sea por la fórmula que pretende el PP de que los jueces elijan a la mitad de los vocales y que haría que el CGPJ, casi con total seguridad tuviera una mayoría conservadora permanente. Espadas en alto. El PP habría puesto otras condiciones para los nombramientos como que los candidatos reúnan una serie de requisitos que les hagan idóneos para los cargos que van a ocupar. Lástima que el PP no haya tenido ese mismo criterio en ocasiones anteriores, y se habría ahorrado contradicciones sobre su defensa de la independencia judicial como en los últimos nombramientos de magistrados del TC.

De la crisis del Govern catalán lo más importante es que se haya resuelto de forma casi inmediata con el nombramiento de los consellers que han sustituido a los salientes y que Aragonès en su toma de posesión les haya recordado algo que, por lo demás tendría que ser evidente, que trabajen "para la Catalunya entera" y no solo para su parroquia independentista. Que se hayan incorporado al Govern un "socialista sin partido" como Joaquim Nadal, y Gemma Ubasart, fundadora de Podem ,no garantiza a Aragonès que los socialistas y los comunes no hagan valer sus condiciones si quieren recibir el apoyo de los diputados de ambos partidos con los que sumaría la mayoría absoluta para sacar adelante sus proyectos. Bienvenida sea la incorporación de independientes a todos los gobiernos, pero por su condición se representan a sí mismos y en ningún caso condicionan a su partido de procedencia.