Ahora que, al parecer, termina la huelga de los Letrados Judiciales, hay que decirlo sin ambages: ha sido una vergüenza. Decenas de miles de procedimientos suspendidos por culpa de un asunto corporativo. El derecho a la huelga empleado como coacción contra los ciudadanos. Y las autoridades mirando la punta de sus zapatos. ¿Dónde han estado los servicios mínimos? ¿Qué harán a partir de ahora para evitar que vuelva a repetirse un menoscabo como éste, en que las partes no sabían si podrían celebrar o no los juicios hasta minutos antes de la citación? ¿Quién se hace cargo de los daños y perjuicios ocasionados a los justiciables por culpa de un derecho esgrimido a lo medieval, como de pernada? Y sobre todo, ¿ahora qué?: la covid supuso un tapón pero este malhadado asunto ha rematado la precaria salud de la justicia en España.

Están que trinan el resto de los eslabones de la cadena judicial por la regalía de 450 machacantes mensuales a estos antiguamente conocidos como secretarios judiciales, depositarios de la fe pública de los tribunales, tarea consistente en darle al "rec" de la grabación de los juicios sin siquiera tener que estar en sala. ¿Cómo puede alguien tener tanto poder de intermediación que su inacción acarree la obstrucción de todos los demás partícipes? ¿Qué hará ahora el Ministerio cuando jueces, fiscales y oficiales, pidan también su pitanza? 

El equipo de Llop está demostrando una impericia más propia de los países subsaharianos que del occidente civilizado. Este gravísimo episodio, preludio de otros (ya verán) es la elocuente expresión de un sistema endogámico, hiperfuncionarizado, maula y desdeñoso con el ciudadano que es el pagador de todo el montaje. El contribuyente está carente de los más mínimos derechos como justiciable a la vista del estropicio de estos letrados, que merecerían el apelativo de peseteros sin escrúpulos si nuestra moneda no fuera el euro.