El Consejo de Ministros escenifica hoy el comienzo un nuevo curso político en el que se conjugarán altas dosis de incertidumbre económica y social con un clima electoral poco propicio a la toma de decisiones sopesadas y equilibradas. El verano ya ha dado muestras de que las formaciones electorales actúan con la mirada y las estrategias puestas en las urnas y ha permitido constatar la inexistencia de vocación alguna de construir consensos básicos en beneficio de la mayoría. Parecen fiarlo todo a un relato favorecedor de cara a a los comicios y para ello aparcan cualquier escrúpulo en retorcer los preceptos constitucionales, bloquear las instituciones o en ejercicios de filibusterismo político haciendo aparecer oportunos documentos parciales o descontextualizados para respaldar las propias posiciones.

Sin embargo, mientras los partidos están a sus candidaturas y sus estrategias electorales, los principales institutos de análisis coinciden en plantear un escenario tenebroso y preocupante caracterizado por el incremento del precio de los combustibles y de la energía, que se ha trasladado ya al resto de sectores económicos con datos de inflación inauditos desde los años 90 del siglo pasado y por una subida relevante de los tipos de interés que encarecerán préstamos e hipotecas. En definitiva, el otoño se presenta con la amenaza de una reducción importante de la capacidad adquisitiva de las clases medias, que sufrieron ya la crisis de 2012 y que vuelven a sufrir tensiones empobrecedoras.

Este escenario económico aboca también a una compleja situación social con un cierto debilitamiento en la creación de empleo y un aumento de los costes que dejan poco margen a las empresas para aumentar plantillas o satisfacer las demandas de los trabajadores de no perder capacidad de compra. Con estas coordenadas es previsible un otoño difícil en las relaciones laborales, mientras que propuestas transversales como la posibilidad de abordar un pacto de rentas se desdeñan de una manera irracional por puro prejuicio ideológico.

Mientras en el país se enfrenta a los estos desafíos, la posibilidad de un gran acuerdo político con iniciativas concretas para hacer frente al problema se disipa en las urgencias del corto plazo. Hasta ahora, los planteamientos del Gobierno son paliativos. Tanto las medidas para hacer frente a la crisis de precios como el propio decreto de ahorro energético son ejemplo significativo. Se trata de mitigar los efectos, con un erario público que no es infinito y que hipoteca a las siguientes generaciones, pero no de atajar las causas y adoptar medidas que introduzcan verdaderos elementos de competitividad en la economía española. Es posible que un cambio en el enfoque de las políticas con elementos fiscales y de redistribución efectivos, fueran más útiles, pero también lo es que quizá no colmen las expectativas de los partidos a la hora de recaudar votos.