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La política social como prioridad en una región envejecida

David Aso
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Castilla y León cuenta con el tercer sistema de servicios sociales más valorado de España, aunque las ONG advierten que el gran reto está en mejorar la capacidad de asistencia en el medio rural, muy presente en esta campaña

La política social como prioridad en una región envejecida - Foto: Eugenio Gutiérrez

En una Comunidad con una población tan envejecida, además de dispersa por un territorio extraordinariamente extenso, la cobertura de los servicios sociales se complica y los costes se disparan, mientras la demanda de asistencia no deja de crecer. Bien lo saben las ONG con mayor presencia en el territorio, desde Cáritas hasta Cruz Roja, conscientes de la necesidad de reforzar la asistencia en el medio rural. O la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León, que estima en un 75% el porcentaje de municipios a los que llega, y demanda un modelo de financiación estable para no depender de convenios puntuales para la captación de fondos públicos.

Aun así, Castilla y León ocupa los primeros puestos del país en las estadísticas sobre su sistema de servicios sociales que, junto con el educativo, es el más apreciado en los estudios externos de evaluación que suelen tomarse como referencia; al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la inversión pública en emprendimiento, que resulta ser de las más bajas del país. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales elabora cada año un informe en el que publica el conocido como índice DEC o de desarrollo de los servicios sociales de las comunidades. Evalúa desde el número de plazas de residencia por habitante hasta el nivel de cobertura de la asistencia a domicilio o de mujeres víctimas de violencia de género. Otorga cierta puntuación a cada apartado y de la suma resulta una nota de un máximo de 10 puntos.La última edición se publicó en 2021 y Castilla y León volvía a situarse en tercera posición con un 7,3. Menos que en 2018 (7,45) o 2017 (7,50), pero sólo por detrás del País Vasco (7,95) y Navarra (7,90), con Madrid y Murcia (ambas con 3,2) en el otro extremo.

Castilla y León destaca sobre todo por cobertura de la ley de dependencia. El 15,1% de su población potencialmente dependiente (mayores de 65 años o entre 6 y 64 con alguna discapacidad) recibe atenciones del sistema, el porcentaje más alto de España y casi cinco puntos por encima de la media nacional (9,74%). Asimismo, sólo un 0,1% de los que tienen reconocido el derecho a estas prestaciones estaban a la espera de ser atendidos, cuando la media nacional era del 17,1%. Son datos oficiales, pero actualizados a 2020.

En el primer puesto se sitúa también por plazas de financiación pública en residencias de la tercera edad, con una cobertura del 6,30% de los mayores de 65 años, algo más del doble que la media (2,68%). No obstante, en este caso lo que se cuestiona en el debate político es el grado de relación entre el modelo de residencia de Castilla y León y el exceso de mortalidad sufrido en estos centros durante la pandemia; sobre todo en los primeros meses.

En número de técnicos de servicios sociales por habitante es tercera, así como quinta en gasto por habitante, al tiempo que cae al noveno puesto en gasto por PIB, aunque se mantiene por encima de la media.

Los «principales déficits» retratados en este informe son los del servicio de ayuda a domicilio, que solo alcanza al 4,2% de las personas mayores, frente al 4,9% de media estatal, prolongando además la línea descendente de los últimos años (alcanzaba un 5,4% en la edición anterior); y la teleasistencia, con un 4,9% de cobertura que conlleva una caída de 1,3 puntos respecto al informe anterior (6,2%), y no llega ni a la mitad de la media española (10,2%).

Además, la misma asociación que elabora el índice DEC publicaba otro estudio muy crítico el pasado 25 de enero, centrado en este caso en la cobertura de población en riesgo de pobreza mediante la Renta Mínima de Inserción, donde acusaba a Castilla y León (junto a otras comunidades) de haber recortado el presupuesto destinado a tal fin en 2020 «con la coartada del IMV», en alusión al Ingreso Mínimo Vital, la renta estatal que se aprobó ese año.

Así, sobre un total de 319.341 castellanos y leoneses 'en riesgo de pobreza' (aquellos cuyos ingresos representan un 60% o menos de los que tiene la mayoría), la Renta Mínima de Inserción llegó al 8,31% de este colectivo, porcentaje inferior a la media nacional (9,03%) y al que se alcanzó en 2019 (10,69%). En cifras absolutas, de un año a otro ha supuesto pasar de 30.007 a 26.529 beneficiarios, 3.478 menos.

Cierto es, por otro lado, que el último informe de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2021 con datos de 2019, colocaba a Castilla y León como la quinta Comunidad con menor tasa de pobreza, un 15,1%. Solo por detrás de Navarra (9,9%), País Vasco (10%), Aragón (14,1%) y La Rioja (15%), y muy por delante del conjunto del país (21%). 

Sin embargo, no dejan de ser más de 300.000 castellanos y leoneses los que tienen serios problemas para llegar a fin de mes, y muchas las dificultades de quienes viven en las zonas más complejas del medio rural para recibir la mejor atención. De ahí también que las ONG y otras organizaciones sociales demanden más financiación pública para mejorar sus servicios y complementar los de las administraciones. Más aún ahora que empiezan a aflorar en memorias, informes y estadísticas las secuelas socioeconómicas del coronavirus. «Con la pandemia hemos tenido que redoblar esfuerzos sin que los recursos que nos aportaban las administraciones públicas aumentaran en la misma cuantía», sostiene Juan Pérez, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León (PTSCyL), constituida por Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, EAPN, Cermi, la Plataforma del Voluntariado y la de la Infancia. «Nuestra Comunidad queda muy bien posicionada en muchos aspectos en informes como el de los directores y gerentes de Servicios Sociales, y efectivamente eso es así, pero no debemos conformarnos».

Aunque los porcentajes varían entre unas y otras organizaciones, Pérez calcula que el 65% del dinero que maneja el tercer sector proviene de fondos públicos y fundamentalmente de la Junta, dado que tiene transferidas las competencias del Estado. Así que apunta hacia la Administración autonómica al demandar «estabilidad» por encima de hipotéticos incrementos puntuales. 

«Los modelos de financiación que tenemos en la actualidad en el ámbito social están obsoletos. El tercer sector no puede seguir sobreviviendo a través de unos dineros graciables, ya sean vía subvenciones, convenios o acuerdos puntuales. Lo que nos gustaría es poder tener una financiación estable, tal y como le hemos dicho claramente a la Junta. Tener un suelo marcado (unos fondos mínimos garantizados); saber cuál es para que podamos hacer nuestra programación, igual que hace cualquiera con su economía doméstica; y contar con una partida determinada en los presupuestos de la Comunidad de cada año. Eso se aprobaría por ley y sabríamos perfectamente cuál es la financiación que llega», resume.

«Hay otras vías de financiación como la del IRPF, a través de la casilla del 0,7%, que también sirve para costear proyectos sociales, pero todo eso está directamente relacionado con las recaudaciones que hace la propia Administración, la Hacienda del Estado en este caso, y no se puede estar siempre pendiente de la voluntad política del gobernante de turno», continúa Pérez. «Ahora mismo por ejemplo estamos en un proceso electoral y si mañana entran otros a gobernar, no sabemos bien qué idea tienen de la financiación del tercer sector, así que tendríamos que volver a empezar a trabajar sobre un modelo nuevo», supone.

Por otro lado, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León señala la mejora de la cobertura asistencial en el medio rural como uno de los grandes retos.«Nosotros, a través de nuestra estructura, llegamos al 75% de los 2.248 municipios de la Comunidad», lo cual también conlleva que no llegan a más de 500 pueblos, «y el reto es seguir avanzando porque las necesidades de una persona en exclusión, o que sufre un problema de discapacidad o violencia de género, son los mismos en el medio rural que en el urbano». Sin embargo, «está claro que en el medio urbano normalmente tienes muchas más posibilidades de acceso a formación, información o políticas sociales, y si tienes una discapacidad y vives en el medio rural, como solemos decir, puedes ser doble o triplemente discapacitado: primero por la propia discapacidad, segundo por vivir allí; y tercero, porque puedes ser mujer, que desgraciadamente todavía tiene más dificultades para acceder a políticas de ámbito social», opina.

Cáritas

En el caso de Cáritas Castilla y León, la financiación pública suele representar en torno a un tercio de su presupuesto anual, aunque «puede que haya bajado algo ese porcentaje en 2021», según el presidente de la ONG católica, Jesús Martín de Lera, al haber aumentado más su presupuesto global («de 32 o 33 millones a 35 o 36») que las aportaciones públicas. Sorprende por cierto el «variopinto» panorama que esboza sobre el sostén presupuestario de Cáritas en otras comunidades, ya que las hay que sólo reciben «una ayuda pública testimonial del 6 o el 7%», y también «que oscilan entre el 50 y el 60%». En el primer extremo, Navarra; y en el segundo, el País Vasco. Dos comunidades muy unidas por muchos motivos y, sin embargo, con criterios muy diferentes en esta materia, aunque coincide que ambas lideran el ya citado ranking nacional de servicios sociales, justo por delante de Castilla y León. «Aquí contamos con unos servicios sociales importantes, aunque tengan sus carencias, como todos», aprecia el director autonómico de Cáritas.«En nuestra Comunidad está el problema del envejecimiento de la población, y tenemos un problema serio para llegar a quienes viven en núcleos muy pequeños. Es un reto tanto para las administraciones públicas como para las organizaciones sociales del ámbito privado», advierte. Aunque, por otra parte, valora «una fortaleza muy importante» de Cáritas: «La Iglesia al final tiene presencia hasta en el pueblo más alejado, así que siempre estará el párroco que irá alguna vez o se acercará un voluntario».

«Otro reto» es fijar población: «Vemos que mucha gente termina marchándose porque no ve posibilidades de desarrollo y empleo», y precisamente el empleo y la inserción laboral lo apunta también como materias clave en las que, por otro lado, «Cáritas lleva tiempo trabajando con una apuesta muy seria».

¿Y es hoy Cáritas más fuerte que antes de la pandemia? «Si nos referimos a lo que se han intensificado las ayudas y la atención, sí.La solidaridad se ha notado en las aportaciones de particulares y de empresas», responde. De estas últimas, destacan las que piden mantenerse en el anonimato, con casos especialmente llamativos como el de una cadena de supermercados que suele aportar «de 500.000 a 600.000 euros cada año, entre donaciones económicas y en especie», sin buscar ningún retorno promocional.

Cruz Roja

La coordinadora autonómica de Cruz Roja, Eva María Fernández, por su parte, recuerda que su organización cuenta con 79 asambleas comarcales, «y eso asegura presencia en la totalidad de la Comunidad».Aunque, al mismo tiempo, reconoce que Castilla y León «es muy complicada, grande, con mucha dispersión». «Tenemos presencia física en 176 localidades y para nosotros es fundamental seguir creciendo», añade. Su presupuesto para este ejercicio supera los 39 millones:«Cada año intentamos que suba un poco, y tendemos a buscar equilibrio entre el apoyo de nuestros socios y el sector privado y la financiación de la Administración».

En cuanto a los retos, apunta cuatro «fundamentales»: la lucha contra la soledad no deseada, el bienestar emocional, la empleabilidad y la lucha contra el cambio climático»; este último, concebido también como fuente potencial de generación de empleo.

«La pandemia ha dejado grandes lecciones. Una de ellas, que la soledad no sólo afecta a personas mayores, sino también a jóvenes», subraya. De ahí que Cruz Roja haya potenciado el apoyo comunitario y el trabajo en red en los últimos años, y en gran medida gracias a las nuevas tecnologías, con la mejora que han propiciado en servicios como el de la teleasistencia u otros y, en definitiva, para paliar la soledad no deseada o atender necesidades de personas mayores, enfermos crónicos... Por ahí cuentan también con seguir avanzando a corto plazo para contribuir a reforzar unos servicios sociales más potentes que los de la mayoría del país, aunque desplegados en una Comunidad compleja como pocas o ninguna.