La Junta impulsa una inversión de 10 millones en 572 viviendas

SPC
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El Bocyl publicará el martes la resolución de las ayudas por importe de 2,8 millones para ejecutar obras de conservación, seguridad y accesibilidad, última convocatoria del plan de vivienda 2018-2021

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a representantes del Diálogo Social. - Foto: Miriam Chacón (Ical)

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará el próximo martes la resolución de la convocatoria de ayudas a la mejora de la conservación, la seguridad de utilización y la accesibilidad de viviendas, que beneficiará a 752 inmuebles, de los que 212 estarán el medio rural. La Junta destinará 2,8 millones de euros a esta última convocatoria del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aunque el importe total de las obras alcanzará casi 10 millones, la mayor parte para obras de mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad por que solo el 9,8 por ciento corresponde a trabajos de conservación.

Los beneficiarios han sido mayoritariamente comunidades de propietarios, un total de 72 que agrupan a 717 viviendas, más 35 propietarios de viviendas unifamiliares, la mayoría en pueblos. No en vano, podían optar tanto las comunidades de propietarios como los dueños de una vivienda unifamiliar o adosada cuya unidad de convivencia no tuviera ingresos superiores a cinco veces el IPREM o de pisos en edificios, siempre y cuando resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

Los 107 beneficiarios se reparten territorialmente entre los 18 de la provincia de León, los 15 de Palencia y los 14 de Burgos, Salamanca y Soria. Les siguen los 13 de Valladolid, los ocho de Segovia y Zamora y los tres de Ávila. El territorio que recibirá más dinero será Burgos, con 623.443 euros, seguido de Valladolid (571.609 euros), Palencia (451.940 euros), Salamanca (300.273 euros), Soria (290.151 euros), León (226.110 euros), Zamora (177.688 euros), Segovia (141.159) y Ávila (14.873 euros).

Las obras que se podrán acometer con estas ayudas incluyen desde la cimentación y estructura, instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, conservación de cubiertas, azoteas y fachadas hasta la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas de accesibilidad, productos de apoyo como grúas para el acceso de personas con discapacidad.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aprovechó ayer en Valladolid la presentación de la resolución de las ayudas a la rehabilitación para hacer un balance del Plan Estatal 2018-2021, que cuenta con fondos del Gobierno central y la Junta. Un plan que ahora concluye tras haber sacado siete convocatorias de rehabilitación individual y proyectos de Áreas de Renovación y Regeneración Urbana (ARU).

Balance.

La suma de las ayudas a la mejora de la conservación, la seguridad y la accesibilidad (conocidas como RECA) y de las de eficiencia energética y sostenibilidad en los últimos cuatro años han llegado a 4.201 viviendas de la Comunidad, por un importe de 16,3 millones de euros. A ello hay que añadir las actuaciones en los ARU, que en actualidad cuenta con once en ejecución que afecta a casi 1.300 viviendas y espacios públicos, con una inversión total de 33,3 millones de euros, según informa Ical.

Acompañado de los agentes del Diálogo Social como el secretario general de CEOE, David Esteban, y los representantes de UGT y CCOO, Sonia González y Yolanda Martín, respectivamente, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció que el próximo mes de octubre se publicará las primera convocatoria del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 con ayudas para la mejora de la conservación, seguridad y accesibilidad, además de otra destinada al alquiler.

Por lo tanto, estas convocatorias de ayudas que realizará la Junta de Castilla y León se sumarán a la del Bono Joven, que estará vigente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, con ayudas de 250 euros mensuales por un tiempo máximo de dos años.