La Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, mantienevarias cuestiones por resolver que previsiblemente deberán desbloquearse a lo largo de 2023, entre las que destacan las exhumaciones del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y los militares José Moscardó y Jaime Milans del Bosch.

También queda por despejar el futuro de la congregación de monjes benedictinos que residen en el Valle de los Caídos, que pasó a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros desde la entrada en vigor de la nueva norma. Asimismo, el Ejecutivo debe decidir si acomete la ilegalización de organizaciones como la Fundación Franco en virtud de la aplicación de la ley.

En cuanto al Valle de los Caídos, ya se ha dado luz verde para reanudar los trabajos de exhumación de 118 víctimas de la Guerra Civil, después de la paralización a que obligaron las medidas cautelares impuestas por un Juzgado de Madrid por los recursos presentados.

El Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, anunció en diciembre que se retomaban los trabajos desde Patrimonio Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había levantado las medidas cautelares y que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial admitió que no tenía competencia para suspender la licencia de obra.

En la cripta del Valle aún descansan los restos de Primo de Rivera, pese a que su familia se adelantó a la entrada en vigor de la Ley de Memoria y solicitó al abad y a la Comunidad exhumar sus restos antes de que el lugar se convierta en cementerio civil. La familia informó entonces de que también había solicitado las licencias correspondientes al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para trasladar el cuerpo, pero el permiso aún no ha sido concedido.

Por el contrario, los que sí fueron retirados de la basílica de la Macarena en Sevilla son los del general Gonzalo Queipo de Llano (que participó en el golpe de Estado de 1936) y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, merced al requerimiento realizado por el Gobierno. La Ley de Memoria prohíbe la presencia de sepulcros de dirigentes del golpe en lugares preeminentes de acceso público.

Por esta misma disposición, aún está por decidir si deben seguir el mismo camino el general José Moscardó y el teniente general Jaime Milans del Bosch, ya que ambos están inhumados en el Alcázar de Toledo junto a otros 200 cuerpos aproximadamente.

Todos ellos forman parte del total de 1.785 personas que permanecieron encerradas y asediadas en el interior de esta edificación durante 68 días en el año 1936, hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil para el Ejército franquista.

Moscardó era entonces coronel y máxima autoridad militar en Toledo como director de la Escuela Central de Gimnasia, mientras que Milans del Bosch solo contaba con 21 años durante el asedio. Es conocido, sin embargo, por sumarse desde Valencia al intento de golpe de Estado de Tejero en 1981. Quien debe tomar una decisión es el Ministerio de Defensa, actual responsable de la gestión del Alcázar, sede del Museo del Ejército de Tierra.

La Ley de Memoria establece que los restos mortales de «dirigentes» del golpe militar de 1936 no podrán permanecer inhumados «en un lugar preeminente de acceso público» que pueda favorecer «la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura».

Actualmente, la cripta del Alcázar se encuentra cerrada al público y no entra dentro del recorrido del Museo del Ejército.

Respecto a la congregación de monjes benedictinos que residen en el Valle, el Ejecutivo tiene que aprobar-y quiere hacerlo cuanto antes- un real decreto que fijará el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros, determinará su organización y funcionamiento y ordenará, entre otras cosas, si los religiosos pueden permanecer o deben abandonar el lugar.

En pleno año electoral 

Además, la Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes. Es el Ejecutivo el que debe tomar la iniciativa y solicitar la extinción de una fundación.

Una de las posibles afectadas, la Fundación Nacional Francisco Franco, sospecha que el Gobierno intentará ilegalizarla de cara a los procesos electorales de este año, según su presidente Juan Chicharro.

Considera que el Gabinete socialista «moverá ficha cuando le interese», y utilizará «el comodín Franco», como lo calificó, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se van a celebrar en mayo o bien antes de las generales de diciembre.