Fue un proceso de divorcio eterno. Después de que una ajustada mayoría de los británicos (casi el 52 por ciento) votase en un referéndum en junio de 2016 a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las partes negociadoras tardaron casi un lustro en alcanzar un Acuerdo de Retirada que satisficiera mínimamente a las dos partes. Las negociaciones fueron arduas, se tuvieron que prorrogar hasta en tres ocasiones los plazos inicialmente previstos para que llegaran a buen puerto, en el Gobierno de Downing Street se produjeron abruptos cambios para tratar de cerrar un pacto consensuado y, finalmente, el 31 de enero de 2020 Londres y Bruselas se desligaron de manera oficial. Pero no definitiva. El período de transición se prolongó aún 11 meses y el proceso culminó el último día de ese año, con la promesa de un futuro más próspero para la nación británica, ya liberada del control del bloque comunitario.

Tres años después, el balance del Brexit sigue plagado de sombras. El país navega en el caos político y la economía no reflota, en gran parte por los privilegios perdidos tras la separación. Una separación cuyos términos, además, una de partes pretende incumplir: el Reino Unido quiere modificar el Protocolo para Irlanda del Norte, uno de los puntos más peliagudos y culpable, precisamente, de que las conversaciones se prolongaran durante tanto tiempo. Su aplicación garantiza la ausencia de una frontera física en la isla de Irlanda, no solo para mantener las relaciones comerciales, sino también para evitar nuevos conflictos como los vividos a finales del siglo pasado y garantizar el Acuerdo del Viernes Santo.

Londres asegura que ese pacto causa problemas sociales y políticos en la región. De hecho, no lo cumple y amenaza con eliminar unilateralmente sus disposiciones más controvertidas si Bruselas no accede a negociar cambios. La UE se muestra dispuesta a retomar el diálogo, pero, desde luego, no a sucumbir a un «chantaje», aunque confía en que finalmente se pueda llegar a un entendimiento con las nuevas autoridades británicas. Y es que la salida de Boris Johnson del Gobierno británico podría abrir la puerta a una mejora de las relaciones entre las partes. 

Promesas rotas

Tres años después de la salida definitiva de la UE, el Reino Unido -que este año hubiese cumplido medio siglo como socio comunitario, ya que entró al grupo en enero de 1973-, las promesas de quienes impulsaron el Brexit, principalmente económicas, no se han materializado. Es más, se están comenzando a vivir las consecuencias de quienes instaron a apostar por la permanencia.

En el ámbito financiero, la inflación se ha desatado, las relaciones comerciales se han desinflado -las exportaciones han caído más de un 30 por ciento desde 2020- y, según los expertos, la economía británica ha crecido estos últimos años un 5 por ciento menos que si el país hubiese seguido en el bloque. Además, en el aspecto laboral, el Brexit ha dejado un déficit de 330.000 trabajadores, el equivalente al 1 por ciento de la fuerza laboral, tras el final de la libre circulación de personas. Algo que también ha provocado que 2.500 británicos hayan sido expulsados de distintos países comunitarios al no cumplir con los permisos de residencia.

En cuanto a la inmigración, lejos de aplacar las llegadas de extranjeros, los desembarcos de sin papeles a las costas están desatados y solo el año pasado se alcanzó la cifra récord de 45.700 irregulares que cruzaron ilegalmente el Canal de la Mancha.

Los ciudadanos, además, consideran que su país ha perdido su posición estratégica en el ámbito internacional y, por ende, ha caído su influencia en las decisiones de Occidente, como ha sucedido en la guerra de Ucrania. Por eso, cada vez son más los británicos que consideran que el Brexit fue un error porque ha generado más problemas que beneficios. Una reciente encuesta apunta que el 57 por ciento de la población cree que el divorcio fue un «desacierto» y casi dos tercios de los habitantes del Reino Unido aboga por un nuevo referéndum que, en caso de celebrarse este mismo año, registraría un 68 por ciento de votos que apoyarían un regreso a la UE. Pero antes la clase política y las autoridades comunitarias tendrían que apostar por ello. Y eso sí que se antoja difícil.