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La Agenda de Población no cumple ningún objetivo en 10 años

SPC
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Igea considera que sus ideólogos "pecaron de optimismo" y alude a la "falta de metodología, coordinación, seguimiento y evaluación" como causas del incumplimiento de los objetivos de la Agenda

Francisco Igea (i), antes de su comparecencia. - Foto: Leticia Pérez ICAL

La Agenda de la Población que la Junta de Castilla y León impulsó para la década comprendida entre los años 2010 y 2020 finalizó su vigencia sin cumplir ninguno de sus objetivos marcados, tal y como aseguró hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

En el desarrollo de la misma, Igea recordó que la despoblación es “el asunto de mayor importancia” para Castilla y León, dado que “condiciona su futuro y sostenibilidad”. Es por ello que, recordó, la Junta “viene luchando desde hace más de 15 años contra este grave problema” a través de su posición “proactiva” en foros como el Comité de las Regiones de la UE, en la Conferencia de Presidentes o en la recién creada Conferencia Sectorial sobre el Reto Demográfico.

En este contexto enmarcó la Agenda de la Población 2010-2020, que Igea recordó que surge como continuación de la Estrategia de Lucha contra la Despoblación que se desarrolló entre los años 2005 y 2009 y que logró generar un “importante proceso de crecimiento demográfico” que se tradujo en un aumento de la población de Castilla y León en más de 52.000 personas en este periodo, gracias al cumplimiento y ejecución de más del 85 por ciento de las medidas acordadas para esta primera estrategia.

Sin embargo, e influida por “el éxito de la estrategia” entre los años 2005 y 2009, la Agenda de la Población no surgió, según Igea, “para luchar contra la despoblación, sino para mejorar la evolución demográfica”, con un nuevo enfoque, instrumentos y 118 medidas “que se incrementaron hasta las 178” pero que, en opinión del vicepresidente de la Junta, “pecaron de optimismo” al no tener en cuenta “la deceleración del crecimiento demográfico en los albores de la crisis económica”.

Como consecuencia, y a pesar de la modificación hasta en dos ocasiones de las medidas planteadas por la Agenda para la Población, con el objetivo de “adecuarlas a la realidad” del “difícil momento” que supuso la crisis económica, el plan no ha cumplido con ninguno de los objetivos planteados, y Castilla y León sufrió, durante su periodo de vigencia, la pérdida de 164.597 residentes, lo que supone una caída del 6,43 por ciento frente al incremento poblacional del conjunto de España en un 0,91 por ciento en el mismo periodo.

Una pérdida de población que, principalmente, se sintió durante el periodo 2013-2017, en el que Castilla y León perdió 98.559 habitantes, casi un 60 por ciento del total de la ciudadanía perdida durante la última década, y que acabó por reflejar, en el periodo comprendido entre 2010 y 2020, la despoblación en todas las provincias, con Zamora como la peor situada con un descenso del 12 por ciento seguida de Ávila y León (-8 por ciento), Palencia y Salamanca (-7 por ciento), Segovia y Soria (-6 por ciento), Burgos (-4 por ciento) y Valladolid (-2 por ciento).

Objetivos incumplidos

Igea aprovechó la comparecencia para ir desgranando, uno a uno, los objetivos planteados por la Agenda para la Población y su grado de incumplimiento. En primer lugar, se refirió a la meta general del plan de situar a Castilla y León entre las cien regiones europeas con mayor avance neto de mejora de la población. Un objetivo que quedó “muy lejos” al situarse la Comunidad en el puesto 313 de un total de 332. “Solo 19 regiones en Europa tienen peor evolución”, notificó Igea, para quien el dato “no solo es preocupante sino muy grave y nuestra mayor preocupación”.

En relación a los objetivos específicos, la Agenda para la Población establecía como el primer reto la mejora de la emancipación de los jóvenes, para lo que se instrumentaban diferentes apoyos. Sin embargo, la tasa de emancipación de la población entre los 16 y los 29 años bajó un 15,3 por ciento, por el 15,8 por ciento del resto de España, provocado principalmente por “la dificultad de los jóvenes para encontrar empleo”, ya que el paro juvenil se sitúa en Castilla y León en el 38,65 por ciento, mientras que en España aumenta hasta el 43,93 por ciento, por lo que este objetivo no se pudo dar por cumplido.

Tampoco el relativo a la mejora del apoyo de las familias para que pudieran tener el número de hijos deseado, dado que el indicador básico para visibilizar el cumplimiento de este objetivo, situado en el crecimiento porcentual del número medio de hijos por mujer, se redujo un 5 por ciento hasta 1,13, cuando “se necesitan dos hijos por mujer para asegurar el relevo en la población”, por lo que “no se ha alcanzado el objetivo propuesto”, reiteró Igea, recordando además que, en la última década, la edad medida de maternidad subió en Castilla y León de los 31,81 a los 32,64 años.

El tercer objetivo, relativo a la integración social de los inmigrantes para que la población de extranjeros creciera, marcó como indicador básico el crecimiento porcentual de esta ciudadanía, pero en vez de aumentar, la población migrante en Castilla y León descendió un 16,72 por ciento, “triplicando la pérdida nacional del 5,46 por ciento”. No obstante, Igea advirtió de la “reversión de esta tendencia” en los últimos cuatro años con el incremento de la población extrajera de 122.000 a 142.000 en la Comunidad, “una inversión clara pero insuficiente”.

En relación al objetivo de extender los apoyos para el retorno de los migrantes castellanos y leoneses en el extranjero, “tampoco se alcanzó” al existir una evolución positiva del retorno, del 59,7 por ciento, pero “por debajo del incremento nacional”, que alcanzó el 98,64 por ciento en el mismo periodo.  

De igual manera, Castilla y León presentó un saldo negativo todos los años “salvo en 2020 por la inversión originada por la pandemia” en relación a la entrada de población procedente de otras comunidades, con una pérdida total de más de 60.000 personas en la última década, y tampoco pudo la Comunidad cumplir el objetivo de mejorar su número de habitantes en el medio rural, con la pérdida del 11,59 por ciento de los habitantes de los municipios con menos de 5.000 residentes cuando Castilla y León “cuenta con el 84 por ciento de los municipios de ese tamaño de España”.

Falta de metodología y partidas específicas

Es por ello que, tras el balance realizado de la Agenda de la Población 2010-2020 de Castilla y León, Igea convino que se necesita “mejorar el modelo de gobernanza” porque con el actual “no se han impulsado ni cumplido los objetivos” por, entre otras cuestiones, “falta de coordinación entre las consejerías, inexistencia de seguimiento y evaluación más allá de una reunión anual, y por no asignarse un presupuesto claro con una partida específica para el cumplimiento de las medidas”.

“En la elaboración de la Agenda de la Población ha faltado una metodología estratégica completa para facilitar el seguimiento y el alcance de los objetivos”, continuó arguyendo Igea, para quien otro de los problemas fue el tratamiento de todas las medidas “con la misma importancia” cuando se debía haber establecido una jerarquía, así como la indefinición de responsabilidades para el despliegue de la Agenda, por lo que “no se pueden identificar los responsables” por el incumplimiento de todos los objetivos de la misma.