Los ayuntamientos de Palencia (18 participantes), Grijota (9), Paredes de Nava (10), Villamuriel de Cerrato (16), Venta de Baños (10), Saldaña (9), Magaz de Pisuerga (6), Carrión de los Condes (12), Cervera de Pisuerga (10) y Velilla del Río Carrión (8); así como la Diputación (8)y las fundaciones Santa María la Real (9), San Cebrián (18) y San Isidro Micas (12) son las entidades beneficiarias de los programas mixtos de formación y empleo que la Junta de Castilla y León ha aprobado para este año en la provincia.
De ellos se beneficiarán un total de 155 personas desempleadas durante un período de entre seis y doce meses a las que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo abre las puertas del mercado laboral a través de estos 15 proyectos formativos en los que se invertirá un total de 2.948.334 euros.
En concreto, las quince acciones en alternancia de formación y empleo que se realizarán por las entidades beneficiarias tienen que ver, principalmente, con la adecuación y mejora de espacios verdes y recuperación de zonas públicas degradadas. Este es el caso, por ejemplo, de Palencia (Integración del Carrión y Palencia en Verde), Grijota, Villamuriel, Saldaña, Cervera (Cervera Verde), Velilla (Velilla Verde) y Magaz (cordón verde).
Las lideradas por fundaciones tienen que ver con el desarrollo sociolaboral (San Cebrián), en nuevos servicios para la residencia Tercera Actividad (Santa María la Real) y en el desarrollo de un proyecto de horticultura ecosolidario (San Isidro Micas). Por su parte, la institución provincial vuelve a apostar por la finca Dehesa de Tablares, en Congosto de Valdavia, para labores de explotación forestal.
El objetivo es favorecer la creación de empleo y mejorar la cualificación profesional de los desempleados. Se presta especial atención a los menores de 35 años, mayores de 45 años que carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares, parados de larga y muy larga duración que hayan agotado sus prestaciones y personas en riesgo de exclusión social.
La subvención se destina a financiar los costes de formación y funcionamiento de los programas, incluidos los costes salariales (SMI) y de Seguridad Social de los participantes y del equipo docente. Las entidades promotoras asumen los gastos de los materiales necesarios para la ejecución de los proyectos.