Parece increíble, pero es cierto, que una reunión 'técnica' (¿seguro que no es política?), como la del próximo martes, para 'comentar' un decreto del Gobierno que afecta a la vida cotidiana de todos los españoles, el uso de la energía, se celebre apenas para "resolver dudas". No para escuchar nuevas iniciativas de la autonomías para ahorrar energía. No para consensuar una flexibilización de las "imposibles" normas del decreto. No: es para "resolver dudas", dicen en el Gobierno.
O sea, que el dichoso real decreto es, ya lo estamos viendo, un semillero de dudas. Cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué se han de aplicar las restricciones a la temperatura de los establecimientos, cuántas luces de escaparates y edificios han de apagarse, quién vigila los (in)cumplimientos, qué sanciones pueden imponerse y quiénes han de imponerlas. La variopinta casuística se enfrenta a la pretensión generalizadora del decreto. Todo son dudas ante una normativa legal que, contra lo que debe hacer una ley, es susceptible de sembrar un cierto caos con su aplicación a partir del miércoles de la semana que comienza.
Se detecta perplejidad en las autonomías ante la reunión convocada para este martes, pocas horas antes de que entre en vigor el decreto, por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que encabeza la vicepresidenta Teresa Ribera. El hecho de que la convocatoria se efectúe desde un organismo tan específico como el que dirige alguien sin relevancia política como el balear Joan Groizard da ya una idea de que el Gobierno pretende mantener este encuentro 'para aclarar dudas' en un nivel meramente técnico, alejado de la controversia política. Que es precisamente lo que rechazan sobre todo desde la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se distingue tradicionalmente por su hostilidad a las iniciativas del Gobierno central.
Medios del PP admiten que la presidenta madrileña se equivocó en su reacción inicial, sugiriendo ("Madrid no se apaga") que no pensaba cumplir las directrices del decreto, de ochenta densas páginas, de las que treinta se dedican a una especie de exposición de motivos. Pero en el Partido Popular (y no son las autonomías 'populares' las únicas que critican este decreto, aunque sean las que llevan la voz cantante), aun admitiendo que es preciso el ahorro de energía y que las leyes de la nación hay que cumplirlas "mientras se pueda", no esconden su convicción de que el decreto "es incumplible en casi todos sus extremos". Y habría, por tanto, que negociarlo con las autonomías de arriba abajo, escuchando a los sectores afectados. Cosa que, según el Gobierno, no va a ocurrir, como tampoco ocurrirá, dicen varias fuentes, que la vicepresidenta Ribera se persone en el encuentro, contra lo que exige Díaz Ayuso.
Las dudas, por tanto, se extienden a la propia agenda y contenidos de la reunión. Demasiadas sombras, ya digo, en torno a la luz que hay que apagar y los aires acondicionados que hay que limitar para llegar a ese siete por ciento de disminución del gasto energético que pide la Unión Europea. Menos mal que los ciudadanos de este país han mostrado ya muchas veces su sabiduría: lo que no se puede cumplir, se ignora, disimulando hasta que las cosas se reformen o cambien por sí mismas, y la disminución del consumo llegará por sí misma, porque los precios crecen vertiginosamente. ¿Es ese, la irrelevancia, el destino de un decreto que pretende regular algo tan insoslayable como el ahorro de una energía decreciente?