Desde hace varias temporadas, LaLiga, en sus competencias por batallar contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, denuncia ante los juzgados de instrucción cualquier tipo de violencia ocurrida dentro y fuera de los estadios del fútbol profesional.

El caso del jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, que la pasada jornada recibió insultos racistas por un pequeño sector del público del Estadio José Zorrilla, no es el primero que ha atendido LaLiga. En cursos pasados, el organismo presidido por Javier Tebas ha denunciado otros casos directamente ante los juzgados de instrucción.

Los departamentos de Legal y de Integridad y Seguridad de LaLiga no dejan pasar este tipo de acciones que atentan contra la integridad personal de los futbolistas. Con un objetivo de "violencia cero" en el deporte, LaLiga lleva a cabo diferentes prácticas de prevención, detección y en cada jornada las denuncias son trasladadas de inmediato a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Pero LaLiga también se persona como acusación en cualquier procedimiento penal relacionado con hechos violentos ocurridos en el ámbito del fútbol bajo el amparo de la regulación aplicable en España para la imposición de sanciones por conductas racistas prevista en la Ley 19/2017, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

En el caso de las posibles sanciones administrativas, su artículo 28 atribuye la competencia sancionadora a la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros. Por eso, LaLiga sólo puede limitarse a denunciar los hechos.

Las sanciones disciplinarias constan en el Código Disciplinario de la RFEF, mientras LaLiga no tiene competencias sobre las actuaciones de los árbitros durante los partidos cuando hay acciones de racismo e intolerancia. Éstas corresponden a la RFEF.

LaLiga recuerda que las conductas racistas pueden ser denunciadas por los clubes, la RFEF (que envía a todos los partidos un delegado) y por el organismo presidido por Tebas (manda a los encuentros uno o dos directores de Partido).

Desde la temporada 2015/16, con la creación de la Dirección de Integridad y Seguridad de LaLiga, se han constatado más de una docena de incidentes o acciones racistas vinculados a partidos de LaLiga. Todos, fueron denunciados ante los organismos e instancias competentes.

De hecho, LaLiga se persona como acusación ante los juzgados de instrucción en diferentes casos como el de Iñaki Williams en el campo del Espanyol el 25 de enero de 2020 y el de su hermano Nico en el Benito Villamarín el 13 de marzo de 2022. En el primero, el Juzgado número 2 de Primera Instancia de Cornellá de Llobregat trasladó al Ministerio Fiscal y a LaLiga las diligencias y actuaciones previas para que puedan solicitar la apertura del juicio oral contra los culpables. El segundo, fue archivado.

Los actos contra Vinícius Júnior también fueron denunciados por LaLiga. Son varios: el primero, acabó en la Fiscalía de Odio de Barcelona por los gritos racistas que recibió en el Camp Nou el 24 de octubre de 2021. El caso fue archivado porque "no se logró la identificación de los autores".

También presentó otra denuncia ante la Fiscalía de Odio de Baleares por otros gritos que sufrió en Son Moix el 14 de marzo de 2022. También se archivó porque "la expresión y sonidos proferidos, sin duda propios de actitudes soeces y deleznables, a la par que vejatorias y rechazables, no parecen revestir, inicialmente, para el presente caso, la dimensión penal pública que se postula".

Y en el caso de los gritos racistas que sufrió Vinícius el 18 de septiembre dentro y fuera del estadio Cívitas Metropolitano, LaLiga denunció y, de nuevo, el caso fue archivado por la Fiscalía de Odio al no existir "un acto concreto que imputar a una persona determinada".

En el caso reciente de los insultos que recibió Vinícius en Valladolid, LaLiga los denunció ante la Comisión Antiviolencia, al Comité de Competición de la RFEF a la vez que instó acciones penales para agotar las vías y competencias que asisten al jugador brasileño.