UPA Palencia celebró hoy su comité provincial anual con la asistencia de alrededor de 200 agricultores y ganaderos, a quienes el secretario nacional de la organización, Lorenzo Ramos, y el responsable autonómico, Aurelio González, trasladaron la «importancia» de las elecciones agrarias que se celebrarán el  12 de febrero, donde confían en «ganar en todas las provincias» y «subir» donde actualmente cuentan con menor representación.
Durante el acto, González señaló que seguirán reclamando un plan de control de la fauna salvaje y aseguró que el objetivo prioritario que se marcan «a medio y largo plazo» es conseguir un observatorio de precios regional que les permita fijar en los contratos su relación con la distribución y con la industria.

«Tenemos que trabajar para que los precios de nuestros productos se mantengan en alto y para que las explotaciones puedan cubrir los costes de producción, que siguen siendo exagerados», afirmó Ramos. En ese sentido, recalcó que esos costes «subieron como un cohete por la crisis del precio de los carburantes y ahora. que ya se ha controlado el precio del gas, están bajando lentos, como una pluma». «Queremos que las autoridades, el Gobierno y Competencia, se impliquen para frenar la especulación que está habiendo», denunció. Además, pidió «que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria», y que se refuercen los controles y las sanciones.
En este sentido, afirmó que las perspectivas para 2023 «son buenas» tras «un año muy malo para la agricultura como 2022», en el que se enfrentaron a «climatología adversa, falta de agua, olas de calor  duraderas y un aumento tremendo de los costes de producción».

DESPOBLACIÓN

UPA demanda un observatorio de precios regional

Por otro lado, González aseguró que junto a COAG, a través de la Alianza, la organización ha hecho «un buen trabajo», consiguiendo «muchos logros para los agricultores y ganaderos». Entre los objetivos a medio y largo plazo, se refirió a la necesidad de «luchar contra la despoblación» y aseguró que saben cómo hacerlo.

¿Cómo? «Tiene que haber más inversiones para que las explotaciones sean rentables económicamente, independientemente de su tamaño, sobre todo en regulación de cuenca. Es fundamental que se modernicen las 120.000 hectáreas que faltan todavía por concentrar en Castilla y León de los regadíos ya existentes y hay que poner más apoyo técnico y económico para que la gente joven se quede», defendió.

Asimismo, señaló que pretenden «ir solucionando a corto plazo una serie de problemas que arrastran las explotaciones ganaderas, que son las que lo están pasando peor». En ese sentido, anunció «negociaciones, denuncias en los tribunales y movilizaciones en defensa del sector agropecuario». «Ahora mismo una normativa medioambiental en Castilla y León restringe a los ganaderos poder pastar las zonas que se han quemado durante cinco años», recordó.

Sobre ello, aseguró que «hay que conseguir cambiar la Ley de Montes», que catalogó como «una aberración», porque «se hizo culpabilizando y persiguiendo a los agricultores y a los ganaderos» que sufren unos daños de la fauna salvaje «terribles». «En la Comunidad tenemos 25 accidentes diarios con la fauna salvaje que ponen en riesgo  vidas. Hay que conseguir que la administración se haga responsable de los daños que causen estos animales a los cultivos», concluyó.