El Tribunal Supremo, al no prosperar el recurso de casación interpuesto por la acusada, ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que condenó a una mujer de nacionalidad rusa, I. N., administradora única de la empresa Nicotrans Dueñas SL, a una pena de dos años y tres meses de prisión y 900 euros de multa, como autora responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de estafa, después de que utilizase los datos de un exempleado, T. P. K., a quien le hacía recaer las multas de tráfico que llegaban a la empresa de la que era administradora única.

La Audiencia absolvió al esposo de la condenada, V.G.N., de los cargos que había sido  acusado.  La resolución mantenía como hechos probados que después de concluir la relación laboral, I.N. decidió, buscando beneficio para la sociedad que administraba, utilizar los datos de su exempleado T.P. K. cada vez que algún vehículo de la empresa Nicotrans excedía el límite de velocidad, y la administración sancionadora le requería para que identificase al conductor, y lo hacía a pesar de que el perjudicado no había tenido intervención alguna en los hechos y ella era perfecta conocedora de tal circunstancia. La finalidad concreta de utilizar los datos era que así eludía el pago de la sanción económica que pudiera imponerse a Nicotrans, sanción que en consecuencia recaía sobre T.P.K. a través del correspondiente procedimiento de recaudación ejecutiva. La resolución judicial exponía varios casos procedentes de La Rioja y Guipúzcoa, especialmente, teniendo a T.P.K. como víctima a la que le endosaron la sanciones de tráfico.

Este matrimonio y su hijo N.V.N. ya habían asumido con anterioridad en la Audiencia Provincial 21 meses de prisión y una multa de 2.700 euros por hechos similares con siete ciudadanos de origen búlgaro.