El Procurador del Común, Tomás Quintana, apuesta por la instalación de un mayor número de zonas de recarga de vehículos eléctricos en zonas rurales de la Comunidad mediante algún tipo de discriminación positiva que facilite su proliferación. Así quedó patente en la resolución emitida ayer en la que insta a la Administración autonómica a que, en el marco de una nueva Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León, valore la conveniencia de establecer medidas que impulsen la implantación normalizada de los puntos de recarga de los vehículos eléctricos en los ámbitos rurales de la Comunidad y no solo en las grandes urbes en las que el desafío de la electrificación del parque móvil habrá de tener menos dificultades, informa Ical.

La institución que dirige Tomás Quintana reclamó también que, con la menor demora posible, se actualice la información proporcionada a través de la página web de la Junta en cuanto a los puntos de recarga instalados en el territorio de la Comunidad. «La movilidad por medio de vehículos eléctricos se está impulsando por parte de las Administraciones públicas sobre la base de que estos vehículos, frente a los que hasta ahora han sido los convencionales, reducen la contaminación atmosférica y acústica y suponen un ahorro del consumo de combustibles fósiles y de emisiones de gases de efecto invernadero», asegura eldirigente de la institución propia que, no obstante, destaca que «el potencial de los vehículos eléctricos está condicionado a la gestión de los puntos de recarga de las baterías de estos vehículos, para los cuales ya se han impulsado algunas líneas de subvención en Castilla y León».

Además, añade que «con mayor o menor rapidez», el desarrollo e implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos «necesariamente llegará a las capitales de provincia y a los núcleos con mayor población, pero la estructura territorial y demográfica de la Comunidad puede exigir una implementación de medidas desde la Administración autonómica para impulsar dicha implantación en el ámbito rural», como una medida más dirigida a que los ciudadanos de este ámbito cuenten con igualdad de oportunidades respecto al resto de los ciudadanos.