El delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, se reunió ayer con una amplia representación de las 368  entidades sociales palentinas -sobre un total de 3.300 que prestan servicios y colaboran con las administraciones a nivel  local y autonómico- para acercar el contenido del anteproyecto de Ley del Tercer Sector. «Lo que hace es valorar este trabajo y crear un marco jurídico que regula la definición legal y las competencias, obligaciones y órganos de participación de estas entidades con la administración pública y la propia colaboración entre ellas, mediante un trabajo en red que pivotará a través de la estructura local que la Junta tiene en los CEAS», tal y como resumió Rubio Mielgo.

Las 368 entidades del Tercer Sector han conocido el articulado que conforma la Ley y ahora pueden aportar lo que estimen oportuno. «Algunas entidades sociales ya han planteado dudas y en el portal de Gobierno Abierto de la Junta pueden hacernos llegar sugerencias. Lo que ven es que es una Ley fundamental para realizar su trabajo», explicó.

Las entidades que integran el Tercer Sector Social ofrecen en Castilla y León más de 5.000 servicios en áreas relacionadas con las personas mayores, las personas con discapacidad, la inclusión social o también de forma prioritaria la protección  de la infancia.

Con el texto legal se pretende establecer fórmulas de participación concertada y actualizar la normativa del voluntariado como parte integrante del Tercer Sector Social. Asimismo, refuerza los canales de interlocución y participación con las distintas administraciones públicas y con otros agentes del ámbito de la intervención social, a la vez que aporta la cobertura jurídica que las entidades llevan años demandando. 

Finalmente contempla la creación de un censo de organizaciones, lo que permitirá conocer la realidad del Tercer Sector en la Comunidad.

cinco capítulos. La presente Ley se estructura en 5 capítulos, 19 artículos, 2 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. En su Capítulo I, la Ley define lo que son las entidades del Tercer Sector Social y establece además la creación de un censo de organizaciones que lo forman. El Capítulo II promueve la inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o en peligro de estarlo en poco tiempo.

El Capítulo III aborda la participación del Tercer Sector y la interlocución social, regulando el derecho de participación de las entidades en las políticas públicas de las administraciones de Castilla y León y estableciendo los distintos órganos colegiados.

El Capítulo IV se dedica a la promoción del Tercer Sector con un Plan Estratégico en una vigencia de cuatro años para actuaciones de promoción dirigidas, entre otros objetivos, al favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio. En el Capítulo V se hace referencia a las obligaciones del Tercer Sector en lo que respecta al personal laboral y sus condiciones de trabajo. 

Finalmente, este anteproyecto modifica la Ley del Voluntariado en su disposición final primera, ya que promueve y facilita la participación solidaria de la ciudadanía en las actuaciones relativas al voluntariado.