El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, anunció ayer el inicio de los trámites para la disolución del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) «ante el endeudamiento actual y la falta de financiación», tras la reunión del patronato de la Fundación, del que también forman parte UGT, CCOO y CEOE y que adoptó esta decisión, según informó este departamento en un comunicado. Con carácter previo al encuentro, tuvo lugar una reunión convocada por la Dirección General de Trabajo, en el marco del Diálogo Social, para abordar las posibilidades de financiación de la Fundación. Industria explicó que se propuso una cofinanciación asumiendo desde la Administración el mismo coste que supondría la prestación de estos servicios a través de las oficinas territoriales de Trabajo y que el resto corriera a cargo de los firmantes del acuerdo interprofesional. Sin embargo, señaló que «los agentes sociales han declinado esta propuesta».
La patronal, señaló la Junta, planteó a la parte sindical la posibilidad de que el Serla atienda únicamente los conflictos colectivos, para ello desde la Dirección General indicaron que habría que revisar la eficacia y la productividad del servicio porque actualmente es «ineficiente y deficitario». Esta propuesta, según Industria, no pudo considerarse porque los sindicatos no accedieron a ello. «Una vez concluida la reunión sin recibir propuestas de mantenimiento por parte de los miembros del Asacl, sin llegar a un acuerdo de financiación y teniendo en cuenta que no se contempla este gasto superfluo en los presupuestos generales de Castilla y León, ha dado comienzo la reunión del patronato de la Fundación en la que se ha decidido iniciar los trámites legales para su extinción contando con el voto a favor de la patronal», explicó la Consejería gestionada por Vox.
Industria defendió que ha puesto en todo momento a disposición de las partes el servicio público gratuito de las oficinas territoriales de Trabajo de la Junta que -señaló- vienen asumiendo esta labor en todas de las provincias de la Comunidad excepto en Valladolid.
Este departamento precisó que, aunque en sus estatutos se estipula una participación tripartita en su patronato, en la práctica y sin que exista una normativa que obligue a ello, su financiación procede en exclusiva de los presupuestos públicos, lo que ha supuesto en 2022 un desembolso para la administración de Castilla y León de 980.378 euros. De ello, 540.878 euros corresponden a gasto corriente para su mantenimiento y 440.000 euros a una subvención de la antigua Consejería de Empleo e Industria para cubrir el déficit presentado en sus cuentas.
«El actual Gobierno autonómico ya eliminó el año pasado la subvención directa a sindicatos y patronal por importe de 232.500 euros en concepto de asistencia técnica, por considerarlo gasto superfluo que no incidía en el servicio que la Fundación presta a los ciudadanos», concluyó el comunicado.
Patronal y sindicatos advierten a la Junta de acciones judiciales
Patronal y sindicatos defendieron, a pesar de sus matices, la continuidad del Serla y su financiación por parte de la Administración al considerarlo un servicio público. David Esteban, secretario general de CEOE Castilla y León, aseguró que este servicio es «positivo» porque reduce la conflictividad laboral y exigió que se mantengan los acuerdos para que siga encargándose de los conflictos colectivos y extender los individuales a todas las provincias.
Esteban explicó su voto positivo a encargar los estudios y el análisis de los trámites necesarios para la disolución, ante la ausencia de partidas en los presupuestos de la Comunidad de 2023, ya que aseguró que los estatutos establecen que es preceptivo sino hay fondos para sostener su actividad.
Por su parte, Fernando Fraile (CCOO) afirmó que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, «se irá antes» de que puede cerrar el Serla, porque «no va a poder acabar» con este órgano de solución de conflictos que «ampara la ley reguladora de la mediación laboral» y una sentencia del TS que sentó jurisprudencia.
Fraile insistió en que la normativa laboral ampara el servicio como preceptivo y advirtió que si la Junta no asume esa financiación tendrán que «responder en los tribunales».
En el mismo sentido, Raúl Santa Eufemia (UGT) exigió financiación a la Junta para mantener el Serla y criticó la «cerrazón» de Vox, socio del PP en el Gobierno autonómico, al que acusa de promover su cierre al dejar a la fundación que lo gestiona sin fondos en los PGC. El ugetista manifestó que están dispuestos a participar en una reunión «político sindical» para buscar una salida al Serla, del que defendió sus resultados y actividad.