El Gobierno de la Junta (tras ratificarlo en el pleno de noviembre) aprobó la Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y León para dinamizar la actividad económica, la inversión y el consumo, así como facilitar la creación de empleo e impulsar la recuperación económica, aunque según el informe elaborado para Diario Palentino por el sociólogo palentino Javier Gómez Caloca, esta disminución se traduce en menos de 18 euros anuales por palentino, mientras que, por contra, la provincia está dejando de ingresar unos 7,5 millones de euros al estar exentos de pago 1.336 receptores de donaciones o herencias superiores a los 400.000 euros.

Según los datos aportados desde la Administración regional, permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3%, lo que colocaría a Castilla y León como la segunda Comunidad con el tipo mínimo más bajo de este impuesto.

Además, se pondrían en marcha medidas fiscales de apoyo a la natalidad, al emprendimiento y a la actividad agraria en el medio rural; bonificaciones en la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios; o la supresión del impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos, entre otras.

Esta rebaja fiscal se enmarca dentro de una política de reducción de impuestos que ya se inició en Castilla y León con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre familiares de primer grado y cónyuges, «que beneficia a pocos y tiene unos costes enormes en términos de recaudación fiscal», según explica el sociólogo Javier Gómez Caloca en su informe.

Bajo este prisma, los 1.336 palentinos receptores de donaciones o herencias superiores a 400.000 euros€ desde el 9 de mayo del año pasado «no aportan nada al común, ahorrándose 5.627 euros cada uno», según el informe de Gómez Caloca, quien califica este proyecto como «un regalo que ha minorado los ingresos, en el conjunto de la Comunidad, en un año,  en 153 millones de euros, siete y medio provenientes de Palencia». «Para que se entienda mejor, la Junta regala a unos pocos el equivalente al coste de 2.100 médicos, o de, aproximadamente, 3.050 maestros. ¡Qué bien vendrían a nuestra provincia 107 médicos más o unos 150 maestros! Esto sí fijaría población», argumenta el sociólogo palentino. 

Según el Informe de Impacto Presupuestario de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, el coste total de las rebajas fiscales, será de 30,6 millones de euros. Los tres apartados de las medidas más publicitadas por parte de la Junta son la reducción del tramo inferior del IRPF, el incremento de la deducción por nacimiento o adopción de hijo en el medio rural y la bonificación, para 2023, del 100% de las licencias de caza y pesca.

Concretamente, la reducción en el IRPFserá de medio punto en el primer tramo de la escala autonómica de gravamen aplicable a la base liquidable general, pasando del 9,5 % al 9 %. Esta reducción beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad, al afectar al tramo más bajo de renta, pero conviene precisar algunas cuestiones que contradicen el mensaje que difunde la Junta de que «supondrá un aumento de la renta disponible de familias y autónomos, que podrán destinar al consumo y la inversión, y supondrá un alivio ante la fuerte subida de los precios, especialmente a las rentas bajas y medias», según explica Javier Gómez Caloca.

RENTA DISPONIBLE. «Nada recibirán todos los que, por tener ingresos muy bajos, no tienen la obligación de presentar la declaración del IRPF. Además, el aumento de la renta disponible de las familias y autónomos roza el ridículo. Si nos atenemos al coste presupuestario de la medida que reconoce la propia Junta (22.300.000 euros) y lo ponemos en relación con el número de declaraciones del IRPF que se presentaron en la comunidad y en la provincia en 2021, la rebaja, como se ve en el cuadro 2, se queda en 17 euros y 38 céntimos…anuales. O lo que es lo mismo, los más de 87.000 palentinos que presentan declaración de la renta tendremos 1 euro y 45 céntimos al mes de aumento de la renta disponible», explica el sociólogo Javier Gómez Caloca.

«En términos de uso de los ingresos públicos ¿merece la pena dejar de ingresar  20,3 millones de euros con los que, por ejemplo, se podrían 290 plazas de médicos o más de 440 plazas de maestros o enfermeras, para que cada contribuyente pueda tomarse un café más al mes? A esta provincia nos tocaría unos 20 médicos o unos 28 maestros o enfermeras», añade. 

En cuanto a las deducciones por nacimiento o adopción en el medio rural, se incrementan, con efectos del 1 de enero de 2022, las cuantías deducibles hasta los 1.420 euros por el primer hijo o hija, 2.070 euros por el segundo y los 3.300 euros por el tercero y siguientes, en municipios con menos de 5.000 habitantes. «Subvencionar el nacimiento de hijos (como plantea las diputaciones y algunos ayuntamientos) o bonificar fiscalmente el nacimiento o adopción, es, en opinión de Javier Gómez Caloca, medidas de suma cero. Las parejas tienen, o adoptan, los hijos que quieren tener, dentro de sus perspectivas vitales, y no tienen más porque se les de unos euros al nacimiento o una bonificación en su declaración de la renta. No se puede pensar que los hijos son como planes de pensiones que se tienen porque fiscalmente nos benefician. La natalidad tiene más que ver con mejores condiciones laborales, más posibilidades de conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los dos miembros de la pareja, con las políticas de igualdad y, en el caso del medio rural, con la existencia de servicios públicos, empezando por la sanidad y siguiendo por la educación».

Para Gómez Caloca, la expresión municipios de menos de 5.000 habitantes va a ocasionar «situaciones injustas, además de paradójicas». «Vamos a verlo con  tres ejemplos de la provincia: Aguilar de Campoo tiene 22 pedanías. Pues cualquier nacimiento que se produzca en cualquiera de estos pequeños pueblos (casi todos con menos de 50 habitantes, la mayoría con menos de 20), no tendrá derecho al incremento de la deducción fiscal porque forman parte de un municipio de más de 5.000 habitantes. Muñeca, San Pedro Cansoles e Intorcisa, núcleos rurales independientes, son administrativamente barrios de Guardo. Tampoco tendrán derecho a esta mejora fiscal por el nacimiento de hijo, aunque estén a más de cien kilómetros de la capital y Grijota (2.496 habitantes) y Villalobón (1.768 habitentes, según el padrón a 1 de enero de 2021, con una distancia inferior a cinco kilómetros de la capital, con unas características socioeconómicas que poco tienen que ver con el medio rural, con las rentas más altas de la provincia, y dos de los poquísimos municipios de la provincia con más nacimientos que fallecimientos, sí tienen derecho a la deducción fiscal de la nueva Ley».

REFLEXIONES FINALES.  Para Gómez Caloca, hay toda una corriente política, social y académica que plantea una fiscalidad más favorable en el medio rural como el Bálsamo de Fierabrás para frenar la despoblación. A esta ola se van subiendo la mayoría de las comunidades autónomas hasta llegar en este momento a 11 de 17. «En este país parece que todo se arregla bajando impuestos, rebajas que, casi siempre, benefician más a los que más tendrían que aportar. Soy contrario a esta desfiscalización del medio rural como medida para luchar contra despoblación», apunta.

  Reitera que cuando las mismas reducciones fiscales las acaban tomando todas las comunidades autónomas con el mismo problema, «dejan de ser eficaces y volvemos a la casilla de salida».

«En las encuestas que se hacen a los habitantes del medio rural, entre sus demandas, no aparece la fiscalidad sino la ausencia de servicios públicos y privados, últimamente con fuerte insistencia en la deficitaria cobertura de telefonía móvil e internet», recuerda el sociólogo palentino, que incide en que «el argumento utilizado para implantar una menor fiscalidad, puede convertirse en argumento para explicar la menor dotación de servicios públicos».

Tasa de licencias de caza y pesca 

Está la bonificación del 100% en el pago de la tasa general por licencias de caza y pesca, y también la específica de caza con galgo, aplicable desde la entrada en vigor de la Ley y durante el año 2023, para impulsar estas actividades como motor de desarrollo económico en las zonas rurales. 

Supondrá un ahorro a los cazadores de entre 13,70 euros (caza con galgo) y 42,65 euros y de 15,20 euros a los cazadores.

Según la Consejería de Medio Ambiente,  «con ello se genera actividad económica por cuanto quien se traslada a nuestra comunidad para realizar actividades de caza y pesca, o quienes ya residen en ella, también generan actividad en otros sectores como el de la restauración, el hotelero o el comercial». «Además, dado que estas actividades se desarrollan exclusivamente en el medio rural todo el desarrollo económico que conlleva se constituye en un elemento fundamental para la fijación de población en el medio rural evitando la despoblación y el abandono del medio rural».

 «Creo que se trata de un regalo fiscal a lo que no deja de ser una afición (la caza y la pesca) que tiene mucho de populista, con un alto coste para la hacienda pública (es la segunda medida más cara de la ley, con un coste de 3,9 millones de euros) y con escasa, más bien nula, incidencia para la fijación de población en el medio rural. Decir que evitará la despoblación y el abandono del medio rural sería cómico sino estuviéramos hablando de algo serio como es la despoblación», apunta el sociólogo palentino Javier Gómez Caloca.

Añade que la bonificación «tiene mucho que ver con el lobby de la caza, muy activo últimamente, y con la pérdida constante del número de licencias de caza y pesca que en los últimos diez años». Según los datos de la Junta, ha pasado de 408.440 personas con licencias de caza o pesca  en 2012 a 262.282 en 2021. Un retroceso del 36% a nivel regional.

«Cabe preguntarse si es ético destinar casi cuatro millones de euros para una afición, por respetable que sea, que en el 41% de los casos van a favorecer a cazadores de paso, de fuera de la Comunidad, como reconoce la propia Junta cuando nuestros pueblos, a los que se dice que beneficia la medida, carecen de servicios públicos esenciales», reitera Gómez Caloca.