El Ayuntamiento de Aguilar aprobó en el pleno del lunes modificar de manera puntual el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch). La propuesta, que pretende dar respuesta a «circunstancias, errores y situaciones susceptibles de mejora», contó con el apoyo del PP (8), la abstención de Ciudadanos (1) y el voto en contra del PSOE (4).
Durante el debate, el concejal de Urbanismo, Jesús Sevilla, recordó que se trata de una «aprobación inicial» y aseguró que los cambios se han planteado «teniendo en cuenta las sugerencias del arquitecto municipal, los técnicos y los vecinos del municipio». El portavoz de Cs, Juan José Mangas, manifestó necesitar más tiempo para estudiar el documento en profundidad, y el representante socialista, Abilio Fontaneda, detalló la postura de su grupo en cada uno de los puntos.
También acusó al equipo de Gobierno de «actuar a escondidas, dos días antes del pleno, en lugar de hablar sobre el tema con sosiego y tiempo para debatir», e indicó que «el grupo popular solo busca que el PSOE vote en contra para poder decir a su parroquia que los socialistas están en contra de todo».
Durante la sesión plenaria también se dio luz verde a la apertura de un nuevo procedimiento de licitación para la enajenación y arrendamiento de una parcela municipal que pretende destinarse a la instalación de placas fotovoltaicas tras la renuncia de dos empresas que se habían mostrado interesadas en ella, y se aprobó la remisión al Consejo de Cuentas de Castilla y León de la Cuenta General de 2019.
Además, el PSOE presentó una moción para la creación de una nueva ordenanza de vertidos de purines «para evitar que la extensión del modelo de grandes explotaciones ganaderas origine grandes concentraciones, en espacio y tiempo, de estiércoles en diversas presentaciones».
La propuesta contó con el apoyo de Ciudadanos, que se mostró a favor de normativizar a nivel municipal esta cuestión, y el voto en contra del Partido Popular, que se escudó en la existencia de una legislación sectorial ambiental «suficiente», un código de buenas prácticas agrarias y la «condicionalidad» de las ayudas de la PAC.