El Gobierno acaba de protagonizar con las pensiones otro ejemplo de política gaseosa. En muy pocas horas, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se desdijo de una reflexión pública acerca de la necesidad de una cultura para trabajar más entre los 55 y los 75 años como manera de encauzar la situación, cada vez más grave, del sistema de pensiones.
Esta cuestión, la de la jubilación, es uno de los problemas sociales de tal envergadura que ni la administración, desbordada, parece dispuesta a enfrentarlo a fondo; ni la oposición quiere abrir cauces de diálogo para no hacerse corresponsable de las posibles medidas correctoras, ni la sociedad quiere encararlo y prefiere vivir en una especie de adolescencia social permanente.
Existe un consenso entre los expertos de que, con las variables demográficas y laborales actuales, la Seguridad Social camina hacia una quiebra técnica. Sin embargo, el cortoplacismo que padece la política española ubica un problema de esta magnitud en el campo de múltiples demagogias y prejuicios ideológicos.
Así, en términos generales, la izquierda, especialmente el entorno de Podemos, rechaza cualquier medida de reordenación dirigida a controlar el gasto y más bien apuestan por un incremento del destinado a pensiones, olvidando de forma intencionada que esta política expansiva precisa detraer recursos para las personas más jóvenes o para otras generaciones, si se financian con deuda. Por el contrario, algunos teóricos de la derecha sólo contemplan un incremento lineal de la edad de jubilación y, en sus casos más extremos, la retirada del estado para dejar la cuestión a la iniciativa privada acabando con el mayor instrumento de solidaridad intergeneracional existente.
En sus posiciones maximalistas, unos y otros impiden cualquier debate racional y experto. Conocedores de la sensibilidad hacia el tema, los sucesivos gobiernos han aplicado una política de paños calientes para solventar situaciones puntuales sin abordar el problema de fondo ni hablar claro a la sociedad. Es evidente que hay sectores que no pueden prolongar su vida laboral a riesgo de su salud, como lo es también que es un desatino económico que en algunos lugares la pensión media ya supere al salario más frecuente.
Por ello, es necesario esfuerzo de responsabilidad de los gobernantes para evitar frivolidades como la de Escrivá y dejar en manos de expertos la aportación de soluciones a largo plazo que pasan por garantizar la dignidad de las personas con las aportaciones más reducidas, por tener en cuenta el nivel de desgaste de los distintos grupos laborales y por vincular los beneficios y prestaciones derivados de la condición de jubilados al nivel de renta. En definitiva, es preciso un sistema de Seguridad Social que aleje los prejuicios ideológicos y sitúe a las personas estén en el centro de las decisiones.