El pleno del Ayuntamiento rechazó ayer la propuesta de Vox de crear una comisión informativa especial para «estudiar, analizar y dictaminar sobre lo ocurrido con el tema de la calle Jardines, desde la aprobación del convenio firmado el día 1 de octubre de 2010 hasta hoy, a fin de que se depuren y exijan las responsabilidades civiles y políticas derivadas de este asunto».

La pregunta lanzada por la propia Sonia Lalanda al pleno -«¿quién o quiénes son los responsables?»- quedará sin respuesta. Solo Ganemos apoyó la moción de Vox, que fue rechazada por PP y Ciudadanos y contó con la abstención del PSOE.

Los motivos fueron distintos. Urbano Revilla explicó que Ciudadanos «sin oponerse a que se busque si hay responsables, cree que ahora no es el momento de hacerlo». «Después de una sentencia, es el momento de cumplir, de buscar soluciones a un problema enquistado con consenso y acuerdos con el resto de grupos», sostuvo el portavoz naranja.

El PSOE, por su parte, argumentó que la exigencia «para determinar la responsabilidad civil de los miembros de la corporación y de los funcionarios que intervinieron en este complejo tema, se ha de instruir un expediente, no una comisión». El edil Carlos Hernández añadió a esta objeción formal la creencia de su grupo de que «no existe responsabilidad civil de ningun concejal ni funcinario de este ayuntamiento porque no se ve culpa grave ni dolo, ni desde el 92 ni desde que se firmó el acuerdo».

Sin embargo, el más curioso fue el enfoque del Partido Popular. Alfonso Polanco comenzó su intervención clarificando a Sonia Ordóñez, edil de Ganemos, que su formación sí apoyó algunas de las prórrogas que se aprobaron para la calle Jardines; y continuó con un relato de los hechos que arrancó en 1992.

Historia. Para entender con mayor profundidad el problema de la calle Jardines es necesario retroceder a hace casi 30 años, cuando el Plan General de Ordenación Urbana calificó como suelo urbano, es decir, sujeto a una edificabilidad, coeficientes y volumen determinados los 38.000 metros cuadrados de los que era dueña la Diputación en la zona de San Telmo, incluida la calle Jardines.

Precisamente, a este dato recurrió ayer el portavoz del PP, Alfonso Polanco, para implicar a la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, en el conflicto de la calle Jardines, ya que le recordó que ella fue uno de los 25 concejales que votaron a favor de dicho PGOU.

Unos años después, en 2003, cuando fue evidente que el planeamiento de 1992 había quedado desfasado, el Ayuntamiento contrató la revisión del PGOU y, dos años después, el equipo redactor entregó el primer avance de la revisión del PGOU para su aprobación inicial en la que todo ese terreno regresa a la categoría de suelo no urbano. La Diputación, al verlo, inició en diciembre de 2006 el expediente de expropiación de los terrenos, remitiendo a la Comisión Territorial de Valoración su correspondiente hoja de aprecio.

«Seguro que lo hizo con buena intención, pero cuando con su voto apoyó que ese suelo fuese urbano y que la herramienta para desarrollarlo fuese la expropiación, es decir, que se hiciese con el dinero del Ayuntamiento y a precio de la calle Serrano de Madrid, comenzó este problema», le espetó Polanco a Lalanda. «Usted no es la Inmaculada Concepción», añadió el portavoz popular, que acusó a Vox de presentar una moción «para pescar votos en el PP».

Con el inicio del expediente de expropiación, el Ayuntamiento y la institución provincial empezaron a discutir sobre cuánto valían esos terrenos. Para quien tenía que pagarlos, es decir, para el Consistorio, eran 8.692.000 euros pero para la Diputación no bajaban de 36.798.000 euros.  Es la propia Comisión la que en octubre de 2007 fija un justiprecio de 17.431.000 euros que, como no convence a ninguna de las dos administraciones, deriva en un recurso al juzgado contencioso-administrativo en el año 2008.

Antes de verse ante el juez, el Ayuntamiento y la Diputación llegan a un acuerdo. Era marzo de 2010, y en esos dos años y medio, la cantidad ya había pasado de 17.431.000 a 19.164.000  euros por los intereses. El acuerdo pasa, en primer lugar, por renunciar a los recursos interpuestos ante la justicia, y, además, por «diferir el pago del justiprecio en metálico, o sustituirlo por una prestación en especie». A lo que se referían Ayuntamiento y Diputación es «a la posible cesión de aprovechamientos urbanísticos futuros». 

El acuerdo incluye la advertencia de que es necesaria la modificación del vigente PGOU (el de 2008) para recoger las condiciones urbanísticas propuestas en el convenio, responsabilidad que recae en el Ayuntamiento. Dos años después, el 17 de mayo de 2012, el Consistorio -ya bajo mandato de Polanco- contrata a una empresa de ingeniería esa tarea pero concluyen que «es imposible elaborar el documento puesto que no se adecuan a la legislación vigente».

Desde ese momento se dejan de dar pasos para cumplir con el acuerdo y el resto ya es conocido. Los plenos de ambas instituciones firmaron cuatro prórrogas -2012, 2014, 2016 y 2018- que han generado más de 5 millones de euros en intereses. En octubre de 2018, el PSOE dijo basta y obligó a ambas instituciones a crear una mesa de trabajo que negociase una solución definitiva antes del 31 de marzo de 2019. 

Sin embargo, no hubo acuerdo y el Ayuntamiento comenzó a trabajar para que el Consejo Consultivo, primero, y la justicia, después, validaran su interpretación del acuerdo. En septiembre de este año, el Tribunal Supremo cerraba la vía judicial obligando al Consistorio al pago por parte de la ciudad de unos 25 millones de euros a la institución provincial.

Cerradas todas las puertas, un mes después el Consistorio logró el respaldo del pleno para acceder, in extremis, al Fondo de Impulso Económico del Gobierno de España, lo que le permitirá acceder a una financiación sin coste, es decir al 0% de interés, para afrontar el pago de los 26.637.695,4 euros, la cifra que se alcanzará, intereses incluidos, en febrero del año que viene. 

El Ayuntamiento también llegó al acuerdo -Vox se abstuvo- de solicitar a la Diputación que elabore un programa de inversiones financiado con los intereses generados, unos 9 millones de euros, que ahora se está intentando encajar en el presupuesto municipal del próximo año.

El 24 de diciembre terminará el plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia del Supremo y, unos días antes, las dos instituciones deben presentar a la ciudadanía qué acuerdo han alcanzado para el abono de esos 26,6 millones de euros. Eso sí, sin que se haya determinado ningún responsable.