Había mucha expectación por el resultado del debate y de la votación que se produjo hace unos días en el Parlamento sobre este clásico asunto de los interinos. Un tanto acuciado por los requerimientos de la Comisión Europea, pero también urgido por los números (se calcula que hasta 800.000 empleados públicos son interinos, y unos 300.000 con más de diez años en esa situación), el Gobierno proponía una solución a través de un Decreto-Ley, que tuvo que modificarse en negociaciones previas y que podrá modificarse más ahora que se va a tramitar como Proyecto de Ley. Aun así, fue un voto de diferencia lo que permitió aprobar la propuesta.

Baste ese dato para apreciar la complejidad del asunto. Cada vez que se ha intentado buscar una solución más o menos general, o incluso sólo para los casos de mayor prolongación temporal, se han puesto de manifiesto tres tipos de intereses contrapuestos: el de los propios interesados, con la natural pretensión de consolidar una situación en la que han permanecido largo tiempo, porque la plaza vacante que ocupaban no se cubrió en propiedad por las vías ordinarias del concurso o la oposición; el de los aspirantes externos que desearían que tal vacante fuera convocada en libre concurrencia para optar a ella; el de los empleados públicos, sean funcionarios, sean laborales con contrato estable, que consideran injusto que personal interino termine ocupando plazas a las que ellos desearían aspirar, sin pasar por el filtro de una oposición que ellos superaron en algún momento.

Compaginar esos intereses contrapuestos, todos ellos defendibles con legítimos argumentos, no es sencillo, sobre todo cuando la responsabilidad de la acumulación de tal volumen de temporalidad inestable en el empleo público no es de ninguno de esos colectivos, sino de quien dejó pasar el tiempo sin efectuar las oportunas convocatorias para cubrir plazas vacantes. Incluso ha ocurrido que, en épocas de restricción económica, se limitaron las convocatorias, a la vez que esas vacantes se ocupaban con personal interino. Así que será bueno buscar una solución razonable, especialmente para quienes llevan más tiempo en la interinidad (los diez años propuestos puede ser un criterio), pero mejor será evitar que, en adelante, vuelva a reproducirse la situación, para lo que será necesario actuar a su debido tiempo.