La Junta de Castilla y León está estudiando la apertura de un expediente sancionador a la residencia de mayores de Villavicencio (Valladolid) después de que esta incluyera en el listado de vacunación frente al COVID-19 a cinco personas, entre ellas el alcalde de la localidad, para recibir una de las dosis de la vacuna a pesar de no formar parte del grupo al que se están administrando de forma prioritaria. 

El alcalde de Villavicencio de los Caballeros, Alberto de Paz (PSOE), defendió hoy que su vacunación y la de otras cuatro personas frente al COVID-19 junto con los residentes y trabajadores sociosanitarios de la residencia de Santo Domingo y Santa Elisa se produjo tras haber recibido una autorización “verbal” por parte de la Junta. Aunque desde el partido ya le han advertido de este “error”, considera que se trata de “un error inducido” al tiempo que asegura que la vacunación no la ha recibido como alcalde, sino como patrono de la residencia, ante lo que asegura que no se plantea presentar su dimisión. 

De Paz explicó, en declaraciones a Ical, que en el inicio del protocolo de vacunación en la residencia, fue la directora del centro la que planteó la viabilidad para la vacunación de los patronos ante la voluntad de “reanudar la actividad normal en la residencia”. Desde la Gerencia de Salud se dio el visto bueno de forma inicial, algo que se confirmó en una segunda comunicación, con lo que cinco patronos de la residencia (dos miembros del Ayuntamiento, dos del arzobispado y un familiar de la benefactora de la residencia) entraron a formar parte del listado para la recepción de las dosis pertinentes. 

Tras conocer la información a través de los medios de comunicación, el delegado del Gobierno en Valladolid, Augusto Cobos, informó de que lo primero que se ha hecho a lo largo de la mañana de este viernes ha sido “recopilar la información” para determinar la correcta actuación del equipo de vacunación y que administró las dosis habilitadas a las personas que figuraban en el listado. 

Cobos confirmó que es la residencia la que incluye en el listado que envía a la Junta las personas susceptibles de la vacunación, entre las que se incluyó como trabajadores a personas que “no tienen la consideración de trabajadores sociosanitarios” sino que son miembros del patronato y, como tal “no están realizando un trabajo en contacto directo con los mayores” que son “el grupo de mayor riesgo”. 

El delegado de la Junta explicó que la residencia es la encargada de elaborar el listado. Uno de ellos va dirigido a la Consejería de Familia y un segundo que se envía a Sanidad con las personas que han sido autorizadas a ser vacunadas. Según Cobos, fue en este segundo listado en el que se incluyó a las cinco personas, entre ellas el alcalde. “Solo aparecen en el segundo listado”, confirmó Cobos. 

El delegado de la Junta en Valladolid recordó que existen mecanismos de control aunque “era imposible hacerlo sobre la marcha porque estábamos focalizados en la vacunación” y lo que permite ese proceso de control es “tener más información” para detectar en qué momento y quién ha incluido los datos, por lo que rechazó la posibilidad de que se haya producido error alguno. “En una situación de necesidad donde tienes que vacunar desde el día 1, pides a la residencia que diga quiénes se pueden vacunar y bajo su responsabilidad se declaró que esos datos son ciertos”, añadió. “No hay tiempo material para mirar uno a uno si los datos de las personas son ciertos o no, había que priorizar la vacunación”. 

Cobos puntualizó que el alcalde de Villavicencio ha recibido la vacuna en su condición de alcalde, y no como presidente del patronato de la residencia porque tiene esta condición como mandatario municipal. Además, estimó que se han dado dos errores “graves”: uno por parte de la directora de la residencia, por incluir a trabajadores que “ella dice que se autorizaron, pero en conciencia no debería incluirlos”; y el alcalde, por aceptar su inclusión en ese grupo. 

“En un contexto de suministro limitado de vacunas se está quitando la vacuna al personal de primera línea que va a ser vacunad en el grupo 2”, lamentó Cobos, quien recordó que esta semana ha habido que vacunar al 75 por ciento del personal sanitario de primera línea y no a la totalidad porque no se disponía de vacunas suficientes “porque este señor, entre otros, ha decidido que se quería vacunar cuando no le correspondía”, denunció. 

Con la información ya recogida por parte de la Junta, se estudiará ahora en qué tipo de sanción administrativa se enmarcas estos hechos antes de poder determinar la sanción que se establece al respecto.