El fondo de capital privado Magnum no entró a formar parte de la empresa cafetera SEDA Solubles en julio de 2011.

De esta manera, la familia Serrano, entonces socia mayoritaria de SEDA Solubles, asumió el esfuerzo de sacar adelante la empresa sin contar con financiación procedente de un grupo exterior. Los expertos consultados por este periódico indicaron que fue precisamente esta decisión cuando comenzó el declive desbocado de la cafetera palentina, que desembocó el 5 de diciembre de 2011 en la presentación de un concurso necesario de acreedores.

El montante reconocido a los acreedores de la compañía ascendía a 145.371.801,14 euros a fecha de 31 de enero de 2012, según el informe de la administración concursal remitido al juez. Además, existían créditos contingentes (litigiosos y reconocidos) que ascendían a 3.028,155,80 euros; otros 8.160.031,84 euros de créditos contra la masa (aquellos de obligado pago y contraídos desde la declaración del concurso de acreedores hasta fecha de marzo de este año) y otros 2.225.176,06 euros de créditos excluidos (no reconocidos a los acreedores por defectos de forma o no justificados).

Fueron precisamente los créditos contra la masa los sufragados por el dinero que aportó la adjudicataria asiática Olam. A los 8,1 millones reconocidos hasta marzo de 2012, habría que añadir las hipotecas con la Junta de Castilla y León (4,5 millones) y entidades financieras (1,5 millones de los 4,5 concedidos), sueldos de trabajadores atrasados, minutas de los administradores concursales y proveedores básicamente). En el informe entregado al juez, la administración concursal reconoció que existía una deuda pendiente de cobrar a determinados clientes por un montante de 3.077.038,84 euros a fecha de 31 de enero de 2012.

SEDA Solubles llegó en septiembre de 2012 a un acuerdo con los bancos Paribas, Natixis, Rabobank y Banca Cívica para consolidar un convenio de acreedores que permitiera la venta de su unidad productiva. La empresa y los bancos firmantes esperaban que el resto de acreedores, cerca de un millar, se adhiriera a la propuesta de convenio al objeto de contar con el apoyo del cincuenta y uno por ciento para poder aprobarlo. Sin embargo, la administración concursal se lanzó a la venta de la unidad productiva de la cafetera, con independencia de la suscripción de dicho convenio de acreedores, aludiendo «urgente necesidad», tal y como establecía el artículo 43.2 de la Ley Concursal. 

El entonces director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la Junta, Jorge Morro, aseguró que tenía muy claro que el futuro de SEDA Solubles pasaba ineludiblemente por la venta de la unidad productiva. «Es una empresa con capacidad; tiene mercado. Si no hay una venta de la unidad productiva, tenemos mucho más que perder que ganar», llegó a reconocer en declaraciones realizadas a Diario Palentino.

Y es que SEDA Solubles tenía  que devolver en aquellos momentos el crédito suscrito con la Junta por un montante de 4,5 millones de euros, junto con otra línea de financiación lanzada por varios bancos por valor de otros 4,5 millones (a fecha de junio de 2012 solo se habían financiado 1,5 millones puesto que los tres millones restantes dependían de la decisión judicial de consentir o no la venta de la unidad productiva), que sirvió posteriormente para relanzar la productividad.