El sector primario de Castilla y León recuperó e intensificó en este 2022 sus movilizaciones en la calle para lanzar un SOS al conjunto de las administraciones por el "peligro de desabastecimiento" debido a la "tormenta sin precedentes" que aunó una subida exponencial de los costes de producción, una escasez en determinadas materias primas, una crisis por el estancamiento de los precios en sectores como el lácteo y una sequía que se tradujo en una cosecha de cereal de invierno "irregular y mala", con cinco millones de toneladas de producción que supusieron un tercio menos que la cosecha de la campaña anterior y una reducción del 20 por ciento con respecto a la media de los últimos cinco años.

Todo ese conjunto de circunstancias elevó la voz del campo ya desde el mes de enero, en un año especialmente reivindicativo. El primer motivo de protesta fue la falta de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que llevó a UCCL frente al Ministerio de Agricultura en enero y marzo, mientras Asaja y la Alianza UPA-COAG se lanzaban con sus tractores a las calles de las principales ciudades de Castilla y León durante las primeras semanas del año para culminar en marzo en Madrid con el '20M Rural', con el que exigían "precios justos y respeto para el campo".

Y es que esa petición venía precedida por las declaraciones de diferentes ministros del Gobierno, en especial el titular de Consumo, Alberto Garzón, contra algunos de los productos 'bandera' del sector agroindustrial de la Comunidad, como el azúcar o la carne, y que se han visto avivados durante los últimos meses del curso en relación a las bebidas alcohólicas, motivo por el que desde las organizaciones profesionales agrarias, la industria agroalimentaria y la Junta de Castilla y León han exigido al Ejecutivo nacional que "defienda y no ataque" a un sector "vital y crucial" para la Comunidad y el conjunto del país como el primario.

Pero si ha habido un motivo principal que ha provocado la movilización de las organizaciones profesionales agrarias en las calles de la Comunidad y de Madrid ha sido el incremento de los costes de producción. Un precio que, según los dirigentes de las opas en Castilla y León, se ha llegado a multiplicar, en diferentes momentos del año, por dos en el caso del combustible, por cuatro en relación a los abonos y por seis en el caso de la electricidad.

Muchos de esos insumos, ya crecientes en enero y febrero, aumentaron de manera exponencial a partir de la última semana del segundo mes del año como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un acontecimiento que supuso un agravamiento de la inflación que, en el caso del sector primario, se multiplicó como consecuencia de la reducción del mercado de fertilizantes, procedentes en muchos casos del este de Europa, y supuso también falta de materias primas en sectores como el vitivinícola, además de acrecentar la demanda de productos como el girasol, principalmente procedente de Ucrania, que hizo cambiar las previsiones de los agricultores y plantar este producto hasta aumentar en 450.000 las hectáreas totales dedicadas en Castilla y León.

A todo ello se sumó además, a partir del mes de mayo, una sequía que no solo provocó la "mala e irregular" cosecha del cereal de invierno, sino una "situación crítica" en los embalses de la cuenca del Duero, especialmente en los sistemas del Pisuerga y el Carrión, que llevó al sector a reclamar una mayor gestión del agua a la CHD.

Por si fuera poco, los graves incendios en la sierra de la Culebra en los meses de junio y julio, a los que se unieron grandes fuegos en puntos de Ávila, León, Salamanca o Burgos, motivaron una nueva activación de ayudas por parte de Junta y Gobierno para los abrevaderos y la alimentación animal ante la desaparición de centenares de hectáreas de pastos por las llamas.

Como respuesta a este conglomerado de circunstancias, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España respondieron en materia de ayudas. El primero en reaccionar fue el Ejecutivo nacional, que ya en marzo aprobó, dentro del paquete de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, una partida a nivel nacional dotada con 430 millones de euros para los sectores agrario, ganadero y pesquero, destinando dentro de ello 169 millones a los productores de leche. A ello se añadieron, con carácter general, los 20 céntimos de reducción del precio del gasóleo, que en solo los tres primeros meses supusieron un impacto positivo de 78 millones para agricultores y ganaderos.

Por su parte, la Junta de Castilla y León anunció ya en el tercer trimestre del año, por medio del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, una partida de casi 70 millones de euros para combatir la crisis económica derivada del aumento de los costes de producción en las explotaciones agrarias de la Comunidad, que se articuló en forma de ayudas directas y préstamos para capital circulante, más las rebajas fiscales aprobadas a final de año y que benefician especialmente al mundo rural, y el pago anticipado de la PAC, que este año ascendió a 600 millones de euros para beneficiar a 58.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad.

No obstante, todas estas cuantías, nacionales y regionales, fueron consideradas como "insuficientes" por el sector, que reclamó un fondo de ayudas de 1.000 millones de euros durante las manifestaciones con las que retomaron en septiembre sus exigencias a las administraciones bajo la premisa de "salvar al sector" dado que "si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer".

Cambio en la Consejería de Agricultura

Todo ello en un año donde además se vivió un cambio en la titularidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, que por primera vez gestiona alguien ajeno al Partido Popular. Y es que, como consecuencia del resultado de las elecciones autonómicas y de la entrada de Vox en el Gobierno de coalición con el PP en la Comunidad, la formación reclamó para sí la Consejería ligada al sector primario, que cuenta ahora con Gerardo Dueñas al frente.

No obstante, como el propio consejero reconoció durante la Comisión en la que esgrimió las líneas base de la legislatura, las políticas serán "continuistas", con reclamaciones como la flexibilización de la condicionalidad reforzada o de los ecoesquemas en la aplicación de la nueva PAC y la petición de medidas que aboguen por la soberanía alimentaria, que ya defendió su antecesor en el puesto, Jesús Julio Carnero.

Además, de entre sus políticas de legislatura destacan los 332 millones que, en cuatro años, pretende destinar a la modernización de regadíos y a las concentraciones parcelarias para conseguir "dimensionar" al sector, con ya el 71 por ciento de las partidas de inversión del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2023 destinadas a esta cuestión; o con el aumento del 42 por ciento de las ayudas para conseguir la incorporación de 650 nuevos jóvenes al campo.

También defendió en las Cortes la exigencia que mantendrá su Consejería con el Gobierno de España para lograr una PAC profesional para el campo, la mediación para conseguir "un pacto estable y equilibrado" para la cadena de valor, un Plan Estratégico del Cooperativismo, dentro del objetivo de lograr un mayor dimensionamiento de la producción y la agroindustria en Castilla y León, y un Plan para este último sector como "seña de identidad" de la región.

Sin noticias del PERTE agroindustrial

Un sector, el de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que continuó en 2022 con su posición de liderazgo al representar el 32 por ciento del PIB industrial, un 10 por ciento del total, el 30,9 por ciento de la cifra de negocios o el 18,29 por ciento de las exportaciones de la Comunidad, con un crecimiento de más del 10 por ciento con respecto al pasado año.

Sin embargo, también sufrió el aumento de los costes, cifrados por el clúster de la industria agroalimentaria, Vitartis, en un 30 por ciento, y de la progresiva implantación del 'green deal', que está ocasionando un sobrecoste de entre el 10 y el 15 por ciento. Todo ello mientras se esperan las bases del PERTE Agroalimentario, prometidas por el Gobierno para después del verano pero que siguen sin convocarse cuando está a punto de concluir el 2022, y que ya desde el sector se ve con pesimismo que puedan llegar.

Además, la industria agroalimentaria vivió un importante momento de incertidumbre en Castilla y León cuando la crisis en la gestión de la empresa Cerealto Siro amenazó con la posibilidad del cierre de las plantas de Venta de Baños, Aguilar de Campoo y Toro. Finalmente, y con la mediación de la Junta y, principalmente, del Gobierno de España en la figura de la ministra de Industria, Reyes Maroto, los antiguos propietarios llegaron a un acuerdo con dos grupos inversores que, a su vez, negociaron hasta altas horas de la madrugada con los representantes de los trabajadores en Madrid, en el mes de junio, un plan de competitividad que permitió la continuidad de la compañía y de los puestos de trabajo con una inversión anunciada de 40 millones en los próximos tres años.

Récord de la renta agraria

La resolución satisfactoria del conflicto no fue, no obstante, la única noticia positiva de un año que, pese al aumento de costes, la reducción de la cosecha y la falta de materias primas, dejó también puntos de refuerzo para el sector primario y de la industria agroalimentaria en Castilla y León. En cifras, se conoció que la renta agraria alcanzó su récord en el año previo con más de 3.000 millones de euros, merced a los altos precios alcanzados por el cereal, y el número de ocupados y del Valor Añadido Bruto del sector agrario de la Comunidad representó más del ocho por ciento a nivel nacional en el año en curso.

Además, y pese a las malas perspectivas que auguraban una mala cosecha en el viñedo en agosto, con un adelanto de entre siete y diez días de la vendimia por el calor, finalmente las denominaciones se felicitaron por la buena producción y calidad de la cosecha. Como también el valor de la remolacha permitió a la cooperativa ACOR subir la cantidad destinada a los productores desde los 48 euros previstos por tonelada hasta los 66 anunciados a final de este año, en un año en el que la cooperativa celebró su 60 aniversario con el apoyo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su defensa de un sector "estratégico" frente a "aquellos que lo quieren demonizar".

Para el futuro, retos inmediatos como el que asume el Itacyl para desarrollar un mapa de cultivos de alta precisión para toda España, o el que afronta la Junta de Castilla y León de la mano de las comunidades limítrofes de Galicia, Asturias y Cantabria para intentar lograr la salida del lobo, al menos al norte del Duero, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), que les enfrenta al Gobierno y cuya resolución parece que se dirimirá en 2023 en Europa. También las primeras semanas del año serán decisivas para las organizaciones profesionales, tras la reciente convocatoria de las elecciones agrarias para el 12 de febrero, que decidirán su representatividad en Castilla y León durante los próximos cinco años.