El expresidente de Nissan Motor y Renault Carlos Ghosn afronta desde hoy su cuarta acusación formal, que fue presentada por la Fiscalía nipona en el mismo día en que vencía el plazo de arresto provisional tras su última detención.

Los nuevos cargos están relacionados con el supuesto desvío de parte de unas transferencias de Nissan a una distribuidora extranjera pasa su uso personal, lo que podría constituir un delito de abuso agravado de confianza contra la empresa, según el documento difundido por la Fiscalía.

Esta acusación se suma a las otras tres que ya pesan contra el brasileño, dos relacionadas con la ocultación de sus remuneraciones y una tercera también de abuso de confianza de Nissan por presuntamente haber usado fondos de la empresa para cubrir pérdidas financieras personales.

Tras conocer esta decisión, la defensa legal del exejecutivo, quien niega haber cometido ningún tipo de irregularidad financiera, anunció que ha vuelto a solicitar su libertad bajo fianza, un derecho que el Tribunal de Tokio ya concedió al sospechoso a comienzos de marzo tras pasar 108 días bajo arresto.

En una rueda de prensa, el vicefiscal de Tokio, Shin Kukimoto, se excusó de precisar si aparte de esta acusación habrá otras más. "Evito responder porque podría revelar el contenido de la investigación", agregó.

Ghosn fue detenido por primera vez el 19 de noviembre, y, desde entonces, su período de detención se extendió mientras el Ministerio Público presentaba los anteriores pliegos de cargos formales contra él, hasta que el tribunal tokiota decidió liberarle bajo estrictas condiciones de vigilancia y limitando sus comunicaciones.

Durante los menos de 30 días que el exdirectivo estuvo en libertad antes de volver a ser detenido, Ghosn insistió en su inocencia y llegó a convocar una rueda de prensa "para contar toda la verdad sobre su caso", según dijo, aunque no pudo llegar a hacerlo debido a su nuevo arresto.

Sus abogados, sin embargo, difundieron un vídeo-mensaje en el que el exejecutivo acusaba a altos cargos de Nissan de tramar "un complot en su contra" para apartarle del poder e impedir así nuevos pasos en la integración del conglomerado formado por la empresa nipona, Renault y Mitsubishi.

Pese a que se acumulan las acusaciones en su contra, existe la posibilidad de que Ghosn vuelva a ser liberado bajo fianza si el tribunal competente aceptara la petición presentada por sus letrados, decisión que se espera para mediados de esta semana.

La anterior liberación del exejecutivo causó sorpresa en Japón al tratarse de una medida poco habitual en este país, donde los detenidos acusados de cargos formales suelen permanecer en arresto provisional hasta la fecha de su juicio.

Los cargos presentados hoy comprenden dos pagos realizados entre 2017 y 2018 por una filial de Nissan a una distribuidora extranjera, de los cuales una parte (cinco millones de dólares) fueron desviados a una empresa controlada por Ghosn, detalló la fiscalía.

Según publicaron los medios nacionales, ese dinero fue a parar a una firma de inversión establecida en el Líbano y controlada por el brasileño, y una parte del mismo se transfirió a otra compañía propiedad de su esposa, Carole Ghosn, y se gastó en comprar un yate de lujo.

La mujer del exejecutivo compareció el pasado día 11 ante un tribunal de Tokio después de ser citada como testigo en el caso y negó haber cometido ninguna irregularidad financiera, según dijo a los medios tras prestar declaración.

Nissan Motor, por su parte, presentó hoy una querella penal contra su expresidente tras determinar que dichos pagos procedentes de sus arcas "fueron desviados por Ghosn para su enriquecimiento personal y no eran necesarios para los negocios de la empresa", según informó en un comunicado.

La compañía con sede en Yokohama tildó las presuntas irregularidades de "completamente inaceptables" y solicitó "penas estrictas y apropiadas" contra el que fuera en su día el líder de la triple alianza Nissan-Renault-Mitsubishi y una de las figuras más respetadas del sector del motor.