Eduardo García Brea (Bilbao, 1967) asumió el pasado 11 de mayo el cargo de director general de Personas Mayores, Personas conDiscapacidad y Atención a la Dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Residente en Palencia desde 2001, es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca y funcionario del cuerpo superior facultativo de la Junta de Castilla y León. Trabaja desde 1993 en el ámbito de los Servicios Sociales, primero en el Ayuntamiento de Valladolid y después en la administración autonómica, donde ha ocupado diversos puestos, como el de gerente territorial de Servicios Sociales de Palencia y jefe del Servicio de Personas Mayores y Prevención de la Dependencia.

¿Cómo han sido sus primeros siete meses en el cargo?

De una enorme actividad. La situación socioeconómica de nuestro país ha determinado la necesidad de gestionar y aplicar medidas de apoyo, como la ampliación de cantidades y población beneficiaria de Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad, y las dedicadas a actuar ante situaciones de insolvencia para afrontar gastos hipotecarios que puedan suponer riesgo de desahucio a las familias. 

Además, hemos revisado y reforzado económicamente la colaboración con ayuntamientos y diputaciones para garantizar la prestación de los servicios sociales. La cantidad prevista para los cuatro años de duración del Acuerdo, entre 2019 y 2023, incluyendo las cuantías previstas para 2023, se ha incrementado en un 29,6%.

En materia de atención a personas mayores, con discapacidad y dependientes se han aumentado las cuantías de las prestaciones de dependencia y la financiación de los conciertos de plazas residenciales. También destacaría la gestión del contrato que permitirá la implantación de la Teleasistencia Avanzada en todo el territorio, las ampliaciones de zonas y beneficiarios de los proyectos Atención en Red, los avances en la construcción y adaptación de centros residenciales públicos para la incorporación de Unidades de Convivencia, la tramitación de importantes leyes, el diseño de Planes Estratégicos o el desarrollo de innovaciones tecnológicas en el campo de los cuidados a las personas.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentará en 2023?

El 25,7% de los castellanos y leoneses tiene 65 o más años. De ellos, el 36,7% son mayores de 80 años. Además, contamos con 113.202 personas con dependencia reconocida y el 60% de las personas de 65 y más años dependientes vive en municipios rurales. En este contexto, el reto y el compromiso de la Junta es desarrollar un modelo de atención a las personas mayores que preste apoyos y cuidados allí donde las personas decidan vivir, especialmente en el ámbito rural.

Entre los desafíos, quiero destacar la planificación de la promoción del envejecimiento activo, que integre la cooperación de todas las administraciones y de las entidades del tercer sector, ofreciendo así una diversidad de actividades dirigida a mantener la salud y a prolongar la vida autónoma de las personas. En cuanto a los que ya tienen necesidad de apoyos derivados de su situación de dependencia, el desafío es seguir agilizando los plazos de tramitación para que accedan lo antes posible a las prestaciones que necesitan, aunque en Castilla y León el tiempo medio para resolver un expediente es de 118 días, mientras que la media nacional está en 378.

Por último, entre los desafíos también debemos incluir la atención a la soledad no deseada, que se está convirtiendo en uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo. Con el aumento de edad lo hace el porcentaje de personas que viven solas. Nuestra comunidad cuenta ya con un Plan de Acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social que integra actuaciones dirigidas a prevenir y abordar estas situaciones. 

¿Qué cambios traerá la nueva Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial que tiene previsto entrar en las Cortes a principios del próximo año?

La futura ley define una atención basada en el respeto a la dignidad de las personas, lo que necesariamente implica conceptos como autodeterminación y la promoción de la calidad de vida y la autonomía de las personas. Recoge la experiencia del proyecto piloto de atención residencial En mi casa que demostró sus efectos positivos en las residencias en las que se implantó. 

Establece la organización de los centros en Unidades de Convivencia, con tamaño y ambiente que garanticen tanto la atención individualizada como la necesaria socialización y convivencia de las personas. También promueve la integración y permeabilidad de los centros en la zona en la que se ubiquen, favoreciendo la conexión y participación de sus residentes en la comunidad del barrio o población donde estén situados.

Entre otros elementos introducidos, se incluyen la creación de nuevos perfiles profesionales, como el gestor de caso o el profesional de referencia, y de instrumentos de intervención, como el Proyecto de Vida, y se refuerza la integración de las familias en la vida de los centros. También se regula la atención libre de sujeciones y se establece, entre otros, un sistema que impulse la atención de calidad, bajo el principio de transparencia, que permita valorar y hacer públicos los esfuerzos de un centro para mejorar la atención de sus residentes.

¿En qué grado de implantación se encuentra la dependencia 5.0 en tierras palentinas?

En Palencia hay 7.884 personas con algún grado de dependencia y más de 11.000 prestaciones reconocidas. El modelo de atención a la dependencia 5.0 viene a reforzar y mejorar el sistema, implicando a todas las entidades participantes, incorporando las nuevas tecnologías en la gestión, en la atención, tanto en los centros como en los hogares, y desarrollando modelos innovadores de atención capaces de prestar todas las atenciones allí donde decidan vivir las personas.

En la provincia, la implantación de los proyectos Intecum y A gusto en casa ha supuesto un importante avance en la prestación de cuidados de larga duración en los propios hogares de las personas. Por otro lado, la progresiva implantación de la teleasistencia avanzada, que en nuestra comunidad es gratuita desde el año 2021 o la obra integral que se esta realizando en la residencia pública Puente de Hierro, con la que se logrará la completa organización del centro en Unidades de Convivencia, son parte de los avances en el proceso de implantación de este modelo.

¿Cómo ha evolucionado el programa A gusto en casa que se desarrolla en el Cerrato?

Hasta la fecha, son 60 las personas incorporadas al proyecto, mayoritariamente con grados de dependencia altos (56% con grados 2 y 3). Las personas atendidas se reparten por diferentes poblaciones, entre las que se encuentran las de mayor tamaño como Venta de Baños y Villamuriel, pero también las de tamaño menor como Antigüedad, Baños de Cerrato, Hérmedes de Cerrato, Villaviudas o Cobos de Cerrato.

Las valoraciones por parte de las personas que reciben las atenciones son muy buenas, por lo que la evolución del proyecto se considera muy positiva.  Actualmente el proyecto esta implantado en zonas de las provincias de Palencia, Burgos, Valladolid, Ávila, Zamora, Salamanca y recientemente se ha presentado también en Segovia. El objetivo incluye completar la implantación en zonas de las 9 provincias y ampliar progresivamente las zonas de atención.

Además, es muy importante tener en cuenta el efecto del proyecto A gusto en casa en la creación de empleo. Las evaluaciones realizadas a los proyectos arrojan el resultado de 60 empleos creados en el ámbito rural por cada 100 personas atendidas. Estos proyectos priorizan la contratación de personas que habitan en los propios pueblos, ofreciendo oportunidades de empleo y arraigo en esas poblaciones.

¿A cuánta gente ha ayudado el proyecto Intecum en Palencia?

Desde el comienzo, el proyecto ha atendido en la provincia a 306 personas, el 56% en el ámbito rural y el 44% en la capital. La media de edad de las personas atendidas es de 77 años. La primera provincia en la que la Gerencia de Servicios Sociales lo implantó fue Palencia en el año 2019. Actualmente se ha extendido ya a las provincias de Salamanca y Zamora. En breve se pone en marcha en Segovia y a lo largo de la legislatura en el resto. El compromiso de la Junta de Castilla y León es extenderlo a todas las provincias de la comunidad.

¿Qué partida económica se destina a las personas con discapacidad y a la atención a la dependencia?

El presupuesto total de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con la cifra más alta de su historia, superando los 1.263 millones de euros. El modelo de atención a la dependencia 5.0 crece hasta los 800,5 millones, incrementándose en un 18% respecto al último presupuesto de 2021. Además, las partidas presupuestarias dedicadas a la atención a las personas con discapacidad suman 191,7 millones de euros, un 11% más. 

Castilla y León cuenta con una de las puntuaciones más altas en el concepto Eficiencia del Sistema en los sucesivos Índices DEC, que valoran el estado y evolución de los sistemas de servicios sociales de todas las comunidades autónomas. Además, el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma española que más presupuesto dedica a la política social. Esto quiere decir que nuestra comunidad no solo dedica un fuerte presupuesto, sino que destaca la gestión eficaz con la que lo hace.

¿Por qué modelo apuesta la Junta de Castilla y León en la actualidad?

El modelo de atención a las personas con discapacidad que impulsa la Junta nace de la colaboración con las organizaciones de la discapacidad, especialmente a través del Cermi. Se trata de un modelo dirigido a facilitar la vida independiente de las personas, respetando su autodeterminación, prestando los apoyos necesarios de forma flexible según necesidades de la personas en función de su edad o etapa vital en la que se encuentre. Un conjunto de recursos, medidas y acciones que se recogen en los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. En definitiva, un modelo cuyo objetivo es facilitar todos los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos.