Graves inundaciones en las provincias del Levante que afectaron fundamentalmente a los cultivos de frutas; pedriscos en las producciones de frutas y hortalizas, a los que se sumaron también muchos viñedos dañados; fuertes heladas en frutales; y sequías que diezmaron las producciones de cereales por toda España, a las que se sumó el asurado en algunas zonas. Todos esos factores han venido a confirmar las previsiones negativas sobre siniestralidad en el campo de las entidades que operan en el seguro agrario en el último año hasta alcanzar números nunca antes vistos.

Según los datos provisionales del consorcio de empresas integradas en Agroseguro, el importe de las indemnizaciones se elevó a la cifra récord de 769 millones de euros, la más elevada en los más de cuarenta años de funcionamiento de la actual política de seguros agrarios. Si a ello se suma el importe de otras tareas inevitablemente ligadas al seguro, como la peritación, extraoficialmente la siniestralidad a efectos de las entidades aseguradoras se elevaría a un coste de más de 806 millones de euros. Para las empresas se trata de una cifra en línea con las registradas en los últimos cinco ejercicios que solo vienen a confirmar que los efectos del cambio climático ya no son puntuales.

En concreto -según las cifras que facilita Agroseguro-, entre los años 2007 y 2016, la prima media de riesgo fue de 537 millones de euros y la siniestralidad media alcanzó los 534 millones, lo que supuso una cierta relación de equilibrio entre ambos conceptos del 99,4%. Sin embargo, en el periodo de 2017 a 2021, frente a una prima media de riesgo de 615 millones la siniestralidad se elevó a 695, provocando un indeseado desajuste de hasta el 113%. El desequilibrio se dispara en 2022 ante un ligero aumento del valor de las primas de riesgo, un 4%, mientras solo el coste las indemnizaciones, sin tener en cuenta los gastos de gestión, se va a 769 millones. Esta cantidad corresponde a casi dos millones de hectáreas, en las que se notificaron hasta 1,6 millones de siniestros, que no son pocos.

Estos desajustes han de ser cubiertos con los fondos de reserva, ya bajo mínimos, y por el Consorcio de Compensación de Seguros. Ello supone que las empresas no pierden, por el colchón de seguridad de estos instrumentos, pero tampoco se ve como una actividad económica atractiva por el seguro agrario en sí mismo, sino por lo que esa política del seguro agrario supone para abrir la puerta a la contratación de otros tipos de pólizas por parte de los agricultores y los ganaderos.

Esta desproporción entre la siniestralidad y el importe de las primas es una situación que preocupa, por una parte, a las entidades aseguradoras por el elevado coste de las indemnizaciones; por otra, a los profesionales del campo que, a pesar de los mayores fondos para apoyar el pago de las primas, ven cómo estas siguen creciendo; y por otra, a la Administración. Tres patas sobre cuyos intereses resulta indispensable una salida de equilibrio para que el seguro, por su relación entre costes y coberturas, siga siendo un instrumento fundamental para la viabilidad de las explotaciones y no una política vacía que deje de interesar por tener un coste elevado o por reducir el aseguramiento real debido a un aumento en las franquicias y una reducción en las coberturas.

El seguro agrario se aplica en la actualidad a través de más de 400.000 pólizas que cubren más de seis millones de hectáreas. Dominan los cultivos herbáceos, seguidos de frutas y hortalizas, con un capital asegurado en permanente ascenso que el pasado 2022 ha superado los 16.000 millones de euros frente a una producción final agraria de unos 50.000 millones, de los que 35.000 corresponden a las producciones agrícolas, que son las que tienen el mayor peso en la actividad aseguradora.

Cómo afrontarlo.

Compañías de seguros y las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de «dar una vuelta» al seguro agrario. Desde el sector, responsables de UPA estiman que esos cambios, necesarios a tenor del impacto del cambio climático, no deben basarse en mayores primas, más franquicias y menos coberturas a costa de los agricultores, sino en un equilibrio de intereses en el que están jugando un papel clave las subvenciones a los interesados, especialmente las que llegan desde la Administración central.

De acuerdo con los datos manejados por las compañías aseguradoras, como consecuencia de ese cambio climático, fenómenos como los pedriscos, las inundaciones, las danas, las heladas o las sequías son cada vez más frecuentes, y sobre todo más virulentas, además de producirse en cualquier época del año, al contrario de lo que ocurría hasta ahora con cada fenómeno meteorológico, que solía quedar restringido a unos momentos del año más o menos previsibles; estas circunstancias hacen necesario un ajuste.

El seguro agrario ha sido una de las políticas más apoyadas por la Administración en los últimos años desde el Ministerio de Agricultura como un garantía de rentas en la política agraria. La subvención para el pago de las primas en este ejercicio (2022-2023), que alcanza los 317,7 millones de euros, supone un incremento de 60 millones, un 23% más sobre la cifra presupuestada inicialmente para 2021 y un 50% más que la media de los fondos asignados para el periodo de 2016 a 2020.

A partir de los fondos del Ministerio de Agricultura, la subvención al coste de la prima para los agricultores profesionales, titulares de explotaciones prioritarias o miembros de organizaciones de productores se eleva al 50%. Ese porcentaje se sitúa en el 65% cuando se trata agricultores jóvenes. La subvención media al coste de la prima se eleva en este ejercicio al 40%, frente al 32% en 2021 y el 30% en 2018. Los nuevos fondos dispuestos por Agricultura han permitido un incremento de diez puntos en la subvención a las primas en casi la totalidad de las líneas.

A esas cifras se sumarían las aportadas por las comunidades autónomas, estimadas hace unos años en otros 100 millones. En la actualidad son más reducidas y muy variables en sus cuantías, según cada gobierno regional y los apoyos dispuestos para el sector agrario en esta materia. Por ejemplo, Castilla y León aportó en 2021 una cifra de 10,6 millones de euros para la política del seguro, menos del 10% de la subvención; y Castilla-La Mancha un 6%, mientras el resto corrió a cargo de la Administración central.