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Alega problemas en una obra y niega que estafara a los vecinos

Alberto Abascal
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La Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra el administrador de una comunidad de propietarios, J.C.I.P., de 59 años, que se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel, multa y una indemnización de 89.315 euros

Alega problemas en una obra y niega que estafara a los vecinos

La Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra el administrador de una comunidad de propietarios de la capital, J.C.I.P.,  de 59 años, que se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel, multa y al pago de una indemnización de 89.315,11 euros más intereses, por, según el fiscal, como presunto autor de una estafa.

El procesado negó ayer los hechos durante su declaración. De hecho, su defensa legal pidió su libre absolución.

Los hechos juzgados arrancan en 2017 cuando el procesado firmó un contrato de ejecución de obra consistente en la instalación de un ascensor, eliminación de barreras arquitectónicas y arreglo del portal por un precio cerrado de algo más de 130.000 euros, IVA incluido. 

El fiscal da por probado que «ocultaba a la comunidad que no tenía intención de cumplir las obligaciones que nacían del contrato». De hecho, consiguió que los propietarios ingresaran en una cuenta algo más de 100.000 euros. Sin embargo, su defensa señaló ayer que el proyecto de obra se fue dilatando porque el Ayuntamiento exigió varias modificaciones tras aparecer sucesivos problemas estructurales, incluidas unas filtraciones, una situación ajena a J.C.I.P.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el abogado palentino José Luis Díaz Sampedro, califica los hechos de administración desleal en concurso con un delito de estafa agravada y eleva la petición de pena a ocho años de cárcel.

En cualquier caso, la Fiscalía sostiene que entre julio de 2017 y noviembre de 2018, el procesado ordenó quince transferencias desde la cuenta de la comunidad a la cuenta de su empresa por importe de algo más de 72.000 euros. Además, habría ordenado otras tres transferencias en el mismo periodo a otras cuentas que no tienen relación con la comunidad, pero de las que el acusado era también administrador y socio único. Estas tres transferencias superaron en total los 25.000 euros.

En marzo de 2019 la junta de vecinos aceptó la renuncia del procesado como administrador y acordó la resolución del contrato suscrito con la constructora y en mayo se acordó la continuidad y finalización de las obras con otra empresa con un precio cerrado de unos 110.000 euros.