Podría decirse que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que dimita un ministro del Interior por las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o porque se falte al deber de respetar los derechos humanos y dar asistencia sanitaria a quien la necesitaba tras intentar entrar en España a través de la valla de Melilla o de otras fronteras. Esta regla tiene la excepción de Antonio Asunción que desalojó el cargo cuando se fugó el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán.  

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está atrapado en una situación de la que le va a resultar muy difícil salir indemne, porque corre el riesgo de que se demuestre que ha mentido, o que se evidencie que los guardias civiles que intervinieron en los sucesos del 24 de junio, en los que resultaron muertos al menos 23 personas, se preocuparon más de devolver en caliente a Marruecos a quienes habían logrado saltar las vallas, aunque se encontraran en tierra de nadie, que de prestarles ayuda cuando la necesitaban. Ante esta situación más que a Marlaska no le interesa a nadie que se conozca la verdad de los hechos.  

Para saber qué es lo que ocurrió el pasado mes de junio es necesario seguir un orden lógico y para ello es preciso  que el Ministerio del Interior remita al Congreso, las Fiscalía y el Defensor del Pueblo, todas las imágenes e informes de que disponga sobre esa avalancha de migrantes; en segundo lugar que el ministro comparezca en el Congreso en pleno o en comisión y luego, en su caso, que se cree una comisión de investigación que determine si hubo responsabilidades políticas, a la vista de que la versión oficial ofrecida por Grande-Marlaska difiere de la idea que se han formado los diputados que han hablado –todos menos los del PSOE- tras la visita oficial que realizaron a Melilla días atrás.  

Se trata por tanto de determinar si "los hechos trágicos" ocurrieron en zona de soberanía española, si se produjeron devoluciones en caliente hacia Marruecos sin dar oportunidad a los migrantes de solicitar el derecho de asilo, los motivos por los que la asistencia sanitaria de los heridos se demoró y si la actuación de las fuerzas policiales fue la adecuada y proporcionada.   

Los sucesos de Melilla, como en su día los de El Tarajal, demuestran hasta qué punto no se han encontrado respuestas eficaces ante la presión migratoria que se estrella contra la frontera más desigual del mundo, que se basa en la externalización del control de los migrantes en Marruecos, y en la defensa a ultranza de la actuación de las fuerzas policiales, que a veces actúan sin los medios necesarios y se ven sobrepasadas por las avalanchas.   

Pero si las respuestas operativas son deficientes no menos lo son las respuestas políticas que van del "teníamos un problema y lo hemos resuelto", de Aznar en 2006, a que los sucesos de Melilla habían sido "bien resueltos" de Pedro Sánchez antes de ver las imágenes, acompañadas de la petición de dimisión del responsable de Interior, mientras que no se atisban otro tipo de soluciones porque la cuestión migratoria, en este caso entrelazada con el estado de las  relaciones con Marruecos es terreno de juego de la política con minúsculas para el rédito electoral, sin tener en cuenta que también la calidad democrática de un país se consolida con el respeto a los derechos humanos en las situaciones más extremas.