La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que condenó al hostelero de Herrera de Pisuerga, F.J.L.G., a la pena de dos años de prisión y la multa de 627.358,30 euros, al considerarle autor responsable de un delito contra la Seguridad Social. 

Además, la Audiencia fijó una cuantía indemnizatoria a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de 313.679,15 euros más el interés en concepto de responsabilidad civil.

La Audiencia Provincial dio  por probado que F.J.L.G. dejó de cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y la Seguridad Social, gestionando afiliaciones, ingresando las cuotas propias y las de sus empleados, durante el ejercicio de  2013.

En octubre de 2016 dejó también de transmitir los datos necesarios para conocer la deuda, mientras que él seguía descontando de las nóminas de los trabajadores la cuota correspondiente a la Seguridad Social, quedándose con estas en perjuicio de la Tesorería General.

Según la sentencia de instancia, ahora ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así se mantuvo durante los siguientes cinco ejercicios, hasta septiembre de 2018. Sin embargo, el 13 de enero de 2017 la Inspección de Trabajo de Palencia se personó en sus establecimientos -disponía de tres negocios- comprobando que dos de las trabajadoras, en esa fecha perceptora del subsidio de desempleo, prestaban servicio en dos de esos negocios sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Los inspectores también comprobaron que el empresario no disponía del obligatorio sistema de remisión electrónica de datos a la Seguridad Social. Entre los años 2010 y 2018 la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Palencia negoció con el acusado seis aplazamientos de deuda, que este voluntariamente fue incumpliendo al tiempo que incrementaba la deuda con la Seguridad Social hasta llegar a 323.679,15 euros, «a pesar, de que en el período que generó esa deuda dispuso de ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones como empresario de hostelería», concluye la  resolución judicial.

Esta sentencia tiene todavía recurso de casación ante el Tribunal Supremo.