La Junta prepara el despliegue en julio del bono alquiler joven, la ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para el pago de la vivienda, aunque de momento la Comunidad no ha recibido los fondos del Gobierno, que comprometió hace dos meses una partida de 10,8 millones por anualidad en 2022 y 2023, hasta un total de 21,6 millones, para financiar esta nueva medida en Castilla y León. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene previsto transferir a las comunidades 400 millones, 200 por año, para que las autonomías convoquen las ayudas, que su titular, Raquel Sánchez, preveía a finales de abril que estuvieran listas en un plazo de dos meses. Una vez notificadas las resoluciones, los gobiernos autonómicos tenían que dar la conformidad para que el Ministerio procediera a enviar el crédito correspondiente.
En este momento, tras la conformación del nuevo gobierno de PP y Vox en Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está ultimando la redacción de la orden por la que se efectuará la convocatoria de esta ayuda, que tiene como objetivo facilitar la emancipación o en todo caso el acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso. El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ya gestionaba las competencias de vivienda en la legislatura pasada, maneja la previsión de que la orden llegue en unas semanas al Bocyl. En ella se recogerán los requisitos y trámites previstos en el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven, que se aprobó en enero, con la previsión de beneficiar en todo el país a más de 70.000 personas.
Aunque la convocatoria vea la luz en julio, la subvención entró en vigor el 1 de enero de 2022, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y tiene carácter retroactivo, por lo que el beneficiario contará con los 250 euros mensuales a contar desde principios de año hasta el mes en el que se le conceda.
Maraña burocrática
Castilla y León, junto con Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia, pidieron esta primavera al Gobierno que modificara el contenido del bono joven al considerar que conllevaba una «maraña burocrática», por lo que propusieron la puesta en marcha de una herramienta informática de gestión que permitiera a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras comunidades por parte de los solicitantes.
La medida consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. Éstas tendrán una vigencia de dos años consecutivos desde que sean aprobadas. El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años, con nacionalidad española o en caso de ser extranjero, que tengan residencia legal. Los beneficiarios deberán contar con un contrato de trabajo. Además, no podrán superar los 23.7625 euros anuales –12 pagas anuales de 1.979 al mes o 14 de 1.696–.
También está señalado que el contrato de alquiler de la vivienda deberá ser legal y el inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. El alquiler en todo caso no deberá superar los 600 euros al mes.
Además, en el caso de los alquileres de habitación, estos límites de precio serán de hasta 300 euros por unidad, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros si así lo establece la comisión de seguimiento.
Además, la vivienda tendrá que figurar como residencia habitual. Esto se validará mediante el certificado de empadronamiento del solicitante donde se indica la residencia. Esta ayuda será compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables.