Un acuerdo «fruto del diálogo, el trabajo y un amplio consenso» entre PP, Cs y el PSOE logró que ayer se cerrase la solución para el cumplimiento de la sentencia de la calle Jardines. El equipo de Gobierno de Mario Simón tiene, por fin, la herramienta para cumplir con el pago de 26.637.695,40 euros a la Diputación. «La mejor solución técnica y económica», insistió el primer edil.

Un avance importante pero solo un «primer paso», porque en la ambiciosa hoja de ruta de Mario Simón está el reducir a 3,5 millones de euros esa deuda entre este y el próximo año, lo que supone amortizar el 87% del crédito que, ahora sí, puede solicitar ya al Fondo de Impulso Económico del Gobierno.

Todo está calculado, según el regidor. Ahora que el Ayuntamiento ha aprobado la ejecución de la sentencia y la solicitud del préstamo, el siguiente paso es comunicarlo a la Diputación, que el jueves próximo celebrará su pleno. En él, según el acuerdo alcanzado, se deberá debatir y aprobar, si procede, la declaración de voluntad de constituir un fondo adscrito al patrimonio municipal del suelo con cargo a los recursos que se obtengan por la ejecución de la sentencia.

Ese dinero estará destinado a contribuir a la consecución de los fines de los patrimonios municipales del suelo en la provincia, incluida la capital, facilitando la posibilidad de financiar actuaciones en un 100% de su importe entre los períodos del 1 enero del 2012 y 31 de diciembre de 2025.

El gesto desbloqueará el siguiente paso durante la primera semana de abril, el diseño de la herramienta financiera y el pago de los 26.637.695,40 euros a la Diputación, que una vez que tenga el dinero en sus arcas deberá poner abrir el fondo antes citado.

En ese momento se pondrá en marcha el crono para el primer edil. El Ayuntamiento recibirá 9,5 millones de ese fondo provincial, una cantidad que corresponde a los intereses de demora resultantes desde el 1 de octubre de 2010, cuando el Ayuntamiento y la Diputación sellaron el acuerdo. 

las amortizaciones. De esos 9,5 millones, el Ayuntamiento realizará este mismo año, al menos una amortización de 7,5 millones de euros. Este pago es un punto crítico en los planes del alcalde, ya que es necesario para garantizar la viabilidad y operatividad del Ayuntamiento, al asegurar un resultado neto positivo en el siguiente ejercicio y garantizar la prestación de servicios públicos.

A lo largo de 2023 esa cifra ascenderá a 15,5 millones. Para ello, se procederá al desarrollo urbanístico de las dos parcelas de la calle Jardines que tienen una valoración de en torno a los 9.000.000 euros  -ya hay un compromiso presupuestario de 500.000 euros para su urbanización- ; y a la venta de parcelas municipales y el uso de remanentes, lo que generará 6,5 millones. De esta forma, los cálculos del alcalde -mercado inmobiliario mediante- son que al finalizar 2023, la deuda del préstamo para cumplir con la sentencia quedará reducida a 3,5 millones. 

el pleno. Con estas cuentas, Mario Simón tomó la palabra para defender la necesidad de cerrar de una vez por todas el conflicto de la calle Jardines. «Tenemos la obligación de cumplir la sentencia porque cada día de demora supone un coste de 1.600 euros, y tenemos muy poco tiempo para formalizar los trámites ante el Ministerio», aseveró el alcalde, que recalcó que «habiendo un acuerdo político mayoritario, un acuerdo institucional y contando con el respaldo técnico sería una irresponsabilidad absoluta no hacerlo».

Así, con el apoyo de los concejales del PP, PSOE y Cs, «el 92% de la representación», Simón dio voz a la oposición que, con la portavoz de Vox ausente por un viaje familiar, recayó en Sonia Ordóñez, la edil de Ganemos.  

«Este acuerdo condena a Palencia porque reformar un edificio ya en obras y no invertir en vivienda social supone un fracaso», alegó en relación al compromiso de renovar la Escuela de Enfermería para crear una ciudad universitaria con la llegada de la UNED.

«Yo le garantizo que ya estamos trabajando para que la ciudad cuente con viviendas sociales y con viviendas de alquiler social y lo vamos a hacer este mandato», le respondió Mario Simón, que pidió que reflexionara y diese su apoyo.

No lo hizo. Ganemos preguntó «qué seguridad existe de que la Diputación cumplirá con este fondo». «La respuesta es ninguna», sostuvo Ordóñez, que se mostró convencida de que «el acuerdo supondrá menos inversión y, probablemente, subidas de impuestos en los próximos años».

la amenaza. Aunque la portavoz de Vox no estuvo en el pleno, sí dejó marcada su postura unas horas antes en rueda de prensa. Sonia Lalanda fue contundente: «Exigiremos judicialmente la responsabilidad patrimonial de todos los concejales que voten a favor si se genera falta de liquidez en las arcas municipales e impago a proveedores». 

Además, Lalanda que insistió en su postura de que había otras opciones para ejecutar la sentencia, advirtió de que «los servicios jurídicos de Vox están estudiando la posible impugnación del presupuesto y del acuerdo de la calle Jardines».

Miriam Andrés, la portavoz del PSOE, cargó contra los «posicionamientos supremacistas» de Ganemos y Vox, «sin poner encima de la mesa una alternativa». «Por mucho que se empeñen, con una sentencia firme solo había dos soluciones: acuerdo político o acudir a un juez. Ustedes han planteado premisas falsas, bloqueo, enfrentamiento e intentos de condicionar la voluntad de los concejales», aseveró Miriam Andrés en referencia a Vox y Ganemos.

la menos gravosa. El PSOE dejó claro que el hecho de que ninguna de las alternativas fuera viable, condujo a que la acordada ayer era la forma «menos gravosa para las arcas municipales y por ende para el conjunto de la ciudadanía» de cumplir la sentencia, sobre todo después de lograr, a petición suya, que la inversión de la Diputación aumentase vía el nuevo complejo universitario Dacio Crespo, garantizando así la permanencia de la UNED.

«Han vendido un tercio del presupuesto del Ayuntamiento por una foto», contestaría después Sonia Ordóñez, que recordó que según el servicio de Intervención, «el préstamo de 26.637.695,40 euros, si no se adopta ninguna medida de amortización durante este ejercicio, hará que el volumen de endeudamiento se multiplique por dos y se produzca un ahorro neto negativo durante los próximos 10 años y una falta de capacidad para hacer frente en tiempo a las obligaciones financieras», añadió.

 Para que eso no suceda, en el acuerdo de concertación del crédito, el Ayuntamiento ha introducido una salvaguarda, de forma que si la Diputación no avanza en su compromiso, el importe de la operación de crédito se reducirá a 19.137.695,40 euros, para salvar la estabilidad económica municipal. 

No obstante, Mario Simón lo tiene claro: «Es un compromiso estudiado y analizado que vamos a cumplir».