Es imposible encontrar una actividad, un ámbito, un sector, un comportamiento, un hábito o una relación social que no se haya visto afectada y modificada, en mayor o menos medida, por la pandemia del coronavirus. Más concretamente, por la severidad de los dos estados de alarma decretados por el Gobierno, con las prohibiciones y restricciones que conllevaron, y por las medidas de seguridad frente a la covid-19 que se mantuvieron después, alguna de las cuales todavía está vigente. La delincuencia no fue una excepción, de hecho disminuyó sensiblemente con respecto a las cifras prepandemia, toda vez que los ciudadanos estaban recluidos en sus casas y no estaba permitida la movilidad salvo por motivos excepcionales y con las debidas autorizaciones. Al ladrón, al estafador, al agresor, al falsificador y a otros profesionales de este sector tan amplio, diverso y siempre al margen de la ley, esas restricciones les dificultaban el trabajo, sin llegar a impedirlo al cien por cien. Con el progresivo levantamiento de parte de ellas y la relajación de otras, sus actuaciones volvieron a incrementarse.

Pues bien, con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida, criticada y demonizada como Ley Mordaza por coartar, a juicio de sus detractores, la libertad de expresión y de manifestación, ha sucedido al revés. El año 2020, el más severo de la pandemia de la covid-19, en Palencia fueron notificadas más de 3.700 multas, la inmensa mayoría -3.200- por infringir esta ley o, lo que es lo mismo, por resistirse a la autoridad en el desempeño de sus funciones. Desde pasear por la vía pública a no respetar los aforos o la distancia de seguridad en los establecimiento donde se podía acudir en los estados de alarma, a negarse a llevar la mascarilla o hacer uso del mobiliario urbano, por no citar imprecaciones a los agentes o conductas agresivas. La gente se sentía cansada, coartada en el ejercicio de su libertad, temerosa, preocupada e indignada y muchas veces lo trasladaba a la protesta o al incumplimiento de las medidas impuestas.

El año pasado, la progresiva vuelta a la normalidad redujo las más de tres mil multas  por desobediencia a la autoridad a solo trescientas. Del total de 877 tramitadas en 2021, más de la mitad tuvieron como causa el consumo y tenencia de sustancias estupefacientes y un centenar largo se debió a llevar armas encima. Cifras bien distintas a las del año duro de la pandemia, aunque las directamente relacionadas con esta hayan sido después anuladas, que reflejan que la normalidad ha ido regresando a todos los ámbitos, sectores de población y actividades económicas, laborales y sociales. Es positivo que sea así porque significa que el virus tiene menos presencia, desde luego mucho menos letal y podemos permitirnos vivir y convivir casi como antes. Pese a ello no se puede bajar del todo la guardia.