La Fiscalía de Palencia ha archivado la denuncia presentada por la Federación de Servicios Públicos de UGT-Castilla y León, en la que solicitaba que investigara el modelo seguido por las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad en materia de riesgos laborales en las residencias de la Tercera Edad en cuanto a la protección de los sanitarios, y si eran evitables el alto número de fallecimientos y contagios tanto de profesionales como residentes en virtud de las medidas adoptadas.
De manera más concreta, la denuncia presentada en Palencia se centraba en la residencia Puente de Hierro, de titularidad de la Junta, en la que, según este sindicato, a fecha de la presentación de la denuncia, el pasado 8 de mayo, se habían registrado nueve fallecimientos de usuarios a consecuencia del Covid-19, y 35 positivos (26 residentes de un total de 120 y nueve trabajadores de 135).
El propio secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, aseguró a Diario Palentino en su momento que aunque la crisis del Covid-19 había puesto de manifiesto que el modelo de residencias de personas mayores de la Junta había fracasado, «no se pretende ahora hacer una causa general, por lo que se ha planteado a las fiscalías provinciales denuncias individualizadas».
El fiscal, en el decreto al que ha tenido acceso este periódico, argumenta el archivo de las diligencias en el hecho de que «se muestra una indeterminación de hechos, sin concretar los mismos, y sin concretar un supuesto y autores».
Asimismo, la Fiscalía considera que «es dudosa» su competencia en la misma puesto que se alude en la denuncia «a personas aforadas en el ámbito autonómico, sin olvidar la centralización efectuada en el Ministerio de Sanidad». Cabe recordar que la Fiscalía de Palencia ha recibido hasta la fecha al menos tres denuncias. La primera, presentada por el grupo político Vox, fue también archivada, mientras que la interpuesta por Izquierda Unida para que se investigara las actuaciones llevadas a cabo en la Residencia de San Bernabé y San Antolín durante la pandemia está aún pendiente de análisis.
PROCURADOR DEL COMÚN. Por otro lado, la Federación de Sanidad de CCOO se ha hecho eco de las quejas que los trabajadores de Sacyl les han trasladado en el sentido de que, al parecer, se han dado casos de operaciones quirúrgicas programadas sin que al paciente se le haya practicado una prueba de PCR para conocer si es positivo.
CCOO ha puesto en conocimiento del Procurador del Común estos hechos, que a su entender, «pueden suponer un grave riesgo de contagio para los profesionales del Sacyl, así como para los usuarios y la salud pública en general». El plan de desescalada de aplicación para Sacyl recoge la obligación de que en quirófanos y zonas de reanimación y de circulación específicas libres de Covid han de realizarse pruebas PCR a todos los pacientes en el preoperatorio inmediato así como una encuesta epidemiológica al ingreso.