Aunque finalmente el Estado se vio obligado a devolver las cuantías recaudadas por las sanciones impuestas durante los dos estados de alarma declarados por la pandemia, la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que sus detractores le pusieron el apodo de ley mordaza, se convirtió en la muleta en la que los agentes policiales se apoyaron para poder castigar comportamientos insolidarios como los quebrantamientos del toque de queda, el confinamiento o la negativa a usar la mascarilla. Así las cosas, durante 2020, en lo peor de la pandemia del covid- 19, las denuncias se dispararon hasta alcanzar su máximo histórico, según los datos aportados por el Ministerio del Interior.
Su descenso en el siguiente ejercicio es otra prueba de la llegada de la normalidad. De las 3.738 multas notificadas se pasó a las 877 del pasado año en la provincia de Palencia. Ligarlo al impacto del coronavirus es inevitable. Porque el espectacular incremento de las sanciones hace dos años se sustenta en las 3.200 actas levantadas por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, por «resistirse y desobedecer a la autoridad en el ejercicio de sus funciones».
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, esta tipología se desplomó en 2021 hasta las 309 multas.
No obstante, siguen siendo cifras superiores a las de antes de la pandemia (188 en el ejercicio de 2019). Sin embargo, el desplome de un ejercicio a otro es notable. La caída es generalizada en toda tipología infractora. De hecho, se tramitaron menos denuncias incluso que en 2019 (1.280 en total). Las más repetidas fueron las que prohibe el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos.
Al igual que las de desobediencia a la autoridad, están sancionadas con cantidades que van desde los 600 a los 30.000 euros en función de su gravedad.
CONSUMO DE DROGAS. Las multas por consumo y tenencia de drogas fueron 446, una más que el año anterior, aunque la mitad de las registradas en 2019 (919). Por regla general, suelen ser las más comunes del listado de infracciones recogido por Interior, que también refleja 122 multas por portar o exhibir armas prohibidas de manera negligente (93 en 2020 y 173 en 2019).
En cuanto a la cuantía recaudada por el Estado con estas denuncias, el total asciende a 500.839 euros, la cuarta cifra más alta desde su entrada en vigor en 2015. Desde entonces, la administración central se ha embolsado con este tipo de sanciones más de cinco millones, si bien habría que restar las cantidades devueltas a los ciudadanos al tumbar el Constitucional los dos estados de alarma.