La fiscalía pide entre cuatro y nueve años y medio de prisión para los once presuntos integrantes de un «grupo criminal» investigados por participar en la venta de carne caballo en mal estado -algunas piezas incluso con restos de melanoma- que llegaron a exportar a otros países como Bélgica o Italia.

Unos hechos que se remontarían, al menos, a 2016 y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera constitutivos de varios delitos contra la salud pública, uno de falsedad documental y otro de grupo criminal, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Efe.

A los procesados les acusa de participar en la introducción en el mercado de carne de caballo no apta para consumo humano, evitando su trazabilidad y control sanitario. Cabe recordar que la operación llevada por la Guardia Civil, bautizada como operación Gazel, coordinada desde el juzgado de Ponferrada y que se desarrolló en siete comunidades autónomas, también contó con la actuación de agentes de la Europol que se desplazaron a la Comandancia de Palencia para perfilar actuaciones. De hecho, en la provincia de Palencia se llegaron a practicar registros y detenciones.

MATADEROS DE LEÓN. Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la base de operaciones se encontraba en dos mataderos de las localidades leonesas de Astorga y Toreno y la carne procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que la que tenían evidenciaba que su carne no era apta para el consumo humano, es decir, que tenían lo que coloquialmente se denomina en el sector como «pasaporte rojo», que se «blanqueaba» con certificados de otros animales, algunos incluso muertos.

Otros ejemplares directamente se sacrificaban y «entraban en la cadena alimentaria humana» sin ser válidos para ello, añade el escrito.

Para lograrlo «era indispensable» el acuerdo entre «los entradores» de ganado en los mataderos, los responsables de los mismos y el veterinario oficial, y la forma en la que Fiscalía cree que operaban solía pasar por no introducir los datos de los animales en el sistema o directamente falsificarlos. «Realizaban dicha actividad, evitando el control de los veterinarios dependientes de la administración o en connivencia con alguno de estos y para ello falsificaban los documentos oficiales» que debían garantizar «la trazabilidad de los animales», explica el minisgterio público. 

La Fiscalía pide las mayores penas (entre seis y nueve años y medio) para tres «entradores» de ganado en los mataderos -Javier F., Alejandro D y Bernardino C.; y para el veterinario oficial de Castilla y León destinado en el matadero de Toreno, Ángel M. (8 años y medio). En el caso de Astorga no se ha podido determinar qué veterinario actuó de igual forma.

A una petición de seis años de prisión se enfrentan los dos responsables de controlar la adquisición de ganado en dicho matadero -Félix I.R. y Carlos V.S.- y los gestores del de Toreno -el matrimonio formado por Fernando D.S. y María Mercedes A.-.

En último lugar estarían los tres que habrían participado en la distribución, entre ellos Johannes Fasen, que fue condenado en Francia por la mayor estafa alimentaria de Europa, el caso Horsegate, un escándalo con ramificaciones internacionales que saltó en Reino Unido en 2013 y que destapó la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por ternera. El ministerio público, que pide cuatro años de prisión para ellos, sostiene que utilizaron la empresa Codelta 91(Toledo) para distribuir productos que sabían que estaban en mal estado.