La oposición socialista plantea, con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, una "revisión minuciosa" de los entes públicos de la Comunidad Autónoma y un plan de supresión, donde ya se decanta ya por la eliminación de seis de ellos, como recoge en una proposición no de ley.

Esta iniciativa, como explicó la viceportavoz del grupo, Patricia Gómez, forma parte del orden del día del pleno de las Cortes de la próxima semana para que determinadas fundaciones o sociedades pasen a ser gestionadas por las consejerías.

En concreto, el Grupo Socialista propone la supresión del Instituto para la Competitividad Empresarial, el Ente Regional de la Energía, el Instituto Tecnológico Agrario, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

Gómez argumentó que el último índice sobre la calidad del gobierno de las regiones europeas, publicado por la Universidad de Gotenburg, en 2021, sitúa a Castilla y León "a la cola" de las comunidades autónomas españolas, en "un discretísimo duodécimo lugar", de acuerdo con tres parámetros: eficiencia en la prestación de servicios públicos, imparcialidad y grado de corrupción.

En los antecedentes de la PNL, se recoge que, durante muchos años, los gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León han ido encomendando funciones propias de la administración a otros entes, con "el propósito de eludir o al menos hacer más livianos los controles del derecho administrativo, tanto sobre los procesos selectivos de personal como sobre la contratación".

En la pasada legislatura, se creó una comisión para analizar la "Administración paralela", en el marco de PP y Cs, y se concluyó con la propuesta de supresión, únicamente, de la Fundación Anclaje.