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Un mercado en punto muerto

Carlos Cuesta (SPC)
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Los empleados denuncian la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo con una inflación en el 9,8%, la congelación salarial y una prolongada crisis que arruina sus carreras profesionales

Un mercado en punto muerto

Una de las características más comunes de toda crisis económica es el ajuste que la mayoría de las empresas realiza en el entorno laboral para controlar los costes de producción puesto que se trata de una de las partidas que pueden recortar con más facilidad, dado que tanto los precios de la energía como los de las materias primas e, incluso, los aranceles y cargas fiscales les vienen impuestos bien por el propio mercado o por el Gobierno.

En un escenario en el que el número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social en abril ha superado por primera vez en la historia de España de los 20 millones de cotizantes, es decir, 500.000 más que antes de la pandemia, sin embargo, las cifras de precariedad laboral siguen siendo las más altas de la Unión Europea con 3,2 millones de asalariados que tienen dificultades para llegar a final de mes, lo que equivale al 16,9% de los ocupados, según un estudio del INE.

Tener trabajo no es garantía de poder llegar a final de mes en España. En términos generales, la población laboral en riesgo de exclusión social se sitúa en el último año 2021 en el 26,4%.

En este escenario, la pobreza laboral está aparejada en la gran mayoría de casos a una baja intensidad del empleo, con contratos a tiempo parcial, de pocas horas al día, o relaciones intermitentes donde un día hay trabajo, dos no y otro, tan solo unas horas, lo que implica la ruina de las carreras profesionales.

Aunque actualmente, la tasa de paro del 12,6% representa una cifra muy aceptable para lo que viene siendo habitual en el mercado nacional, que llegó a superar el 26% en 2013, no obstante, las economías de las familias más humildes se han visto resentidas ante una recuperación que no llega, que tras la pandemia todo parecía que estaba mejorando hasta que vino la invasión rusa de Ucrania y volvió a disparar los precios y la inflación con lo que los gastos cotidianos anteriormente descritos para el colectivo de trabajadores más vulnerables se multiplicaron.

Todo ha subido, el alquiler, la electricidad, el gas, la cesta de la compra y, mientras, los salarios en la empresa privada se mantienen en la mayoría de los casos congelados y muy pocos trabajadores pueden decir que sus compañías han actualizado sus remuneraciones según el IPC, lo que se deriva en un menor y peor consumo y en una gran desigualdad con el sector público que frena el crecimiento de las empresas y de la economía.

A día de hoy, un empleado público cobra en España unos 1.064 euros más al mes que un trabajador del sector privado: 2.884 euros mensuales brutos frente a 1.818. En 2008, la diferencia entre unos y otros salarios era mucho menor, de unos 830 euros mensuales.

En este escenario, la división entre los sindicatos y la patronal es mayúscula a la hora de tratar de resolver como paliar esta situación de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores privados con una inflación que está cerca de los dos dígitos y que no tiene visos de reducirse al menos hasta el final de este año. Asociaciones como CEOE, Cepyme o ATA no están por la labor de incrementar las retribuciones ante la enorme presión fiscal que están soportando por parte del Gobierno y unos costes de producción que se han desbordado.

Una de las medidas que se está demostrando más efectiva es la nueva reforma laboral que está tratando de limitar al máximo la temporalidad que constituye uno de los factores más destacados de esta situación de pobreza. Aunque el número de contratos fijos discontinuos se ha cuadruplicado con esta nueva ley hasta alcanzar los 180.016 de enero a marzo, frente a los 40.474 del primer trimestre del año pasado, son precisas aún muchas más reformas estructurales para colocar al mercado laboral español en la media del comunitario.

Primero de mayo

El Día del Trabajo que se celebra este domingo 1 de mayo se presenta como una jornada reivindicativa en la que los sindicatos rechazan la rebaja fiscal generalizada que defienden las patronales y los partidos de la oposición al entender que llevaría a una España intervenida.

Los sindicatos CCOO y UGT amenazan con más conflictividad si no hay pacto salarial y aseguran que saldrán a las calles de toda España para que los salarios suban ante una inflación disparada del 10%, pedir una mayor contención de los precios desligando el coste del gas de la luz y lograr más avances en igualdad.