Los tres partidos de la oposición, PSOE, Vox y Ganemos, solicitaron el pasado 16 de febrero un informe al secretario del Ayuntamiento sobre la ejecución de la sentencia de la calle Jardines. Ese informe está ya en sus manos, y en él se clarifican varias cuestiones sobre las pretensiones de la oposición en relación al cumplimiento de la sentencia de la calle Jardines.

La primera es que no es posible una condonación sobre el justiprecio o valor del bien expropiado. Sin embargo, el informe de Secretaría General sí dice que nada impide el pago en especie, ni la compensación de créditos a la hora de abonar esa deuda de 26,7 millones de euros. 

«La resolución judicial fija lo que se debe pagar, pero no el cómo. Ese cómo lo tiene que decidir el Ayuntamiento pudiendo ser en dinero o en especie, total o parcialmente», dice el informe. Que ahora en el asunto dejando claro que «en consecuencia, la Diputación, en su condición de expropiada, y el Ayuntamiento, como administración expropiante, sí pueden ponerse de acuerdo en cumplir el fallo de la sentencia recaída satisfaciendo el justiprecio en especie, total o parcialmente». 

Este documento llega en un momento crítico para el equipo de Gobierno de Cs y PP porque este mes tiene que llevar al pleno una cuestión técnica pero importante para materializar la solución que ha elegido para la calle Jardines. El debate vuelve a estar en si abonar la deuda en metálico con el crédito del Fondo de Impulso Económico, como propone Mario Simón, o buscar una vía alternativa.

Una solución «buena». El equipo de Gobierno de Mario Simón se aferra a la estrategia engarzada en el presupuesto de este año, aprobado tras superar la cuestión de confianza hace un par de semana, y que se basa en el pago en dinero contante y sonante de esos 26,7 millones a la Dipuación. Una vez efectuado el pago, la institución provincial se ha comprometido a elaborar un programa al que el Ayuntamiento pueda acceder por cuantía correspondiente a los intereses generados hasta el 24 de diciembre de 2021, además de un amplio plazo de justificación.

De esta forma, según detalló el primer edil en una reciente entrevista concedida a DP, el Ayuntamiento realizará este mismo año, al menos una amortización de 7,5 millones de euros y que esa cifra ascienda a 15,5 millones en 2023, para lo que se procederá al desarrollo urbanístico de las parcelas de la calle Jardines, que tienen una valoración de en torno a los 9.000.000 euros; y la venta de parcelas municipales y remanentes, unos 6,5 millones.

Los cálculos del alcalde son que al finalizar 2023, la deuda del préstamo para cumplir con la sentencia quedaría reducida a 3,5 millones. «La solución es buena, económicamente viable y tiene el aval de los técnicos», insiste una y otra vez el primer edil.

El problema es que si esa hoja de ruta no se cumple, el Ayuntamiento sumaría 26,7 millones de deuda, lo que elevaría el endeudamiento de la institución a 53,1 millones y un nivel del 81,6%, que si bien permitiría cumplir la estabilidad presupuestaria, generaría un ahorro neto saldría negativo porque tendría que cumplir unas obligaciones anuales de 2,6 millones, lo que axfisiaría las cuentas públicas.

vox insiste. Por eso, Vox insistió ayer en que el equipo de Gobieno de PP y Cs debería proponer a la Diputación «el pago parcial con bienes inmuebles del Ayuntamiento como el antiguo colegio de huérfanas de ferroviarios y diversos solares, así como la redacción de un convenio ajustado al coste real de la prestación del Servicio de extinción de incendios a la provincia y que ahora se hace en su mayor parte a costa del presupuesto municipal», como alternativa al pago directo, vía crédito de esos 26,7 millones de euros. 

Además, propone trasladar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, que dado que el cumplimiento de la sentencia «habría de producir trastorno grave a su la hacienda municipal», lo que denomina «una propuesta razonada para que, tras ser oídas las partes, se resuelva el modo de ejecutar la sentencia en la forma menos gravosa para esta entidad local.

«Votamos en contra del proyecto de presupuestos porque consideramos que la solución que contemplaba en sus números para la calle Jardines puede llevar a este Ayuntamiento a la ruina. Lejos de reflexionar optaron por sacarlos delante de una forma torticera», volvió a criticar ayer la protavoz de Vox.

No es el único partido de la oposición en contra del pago vía crédito. Ganemos siempre se ha mostrado muy crítico con un acuerdo «sin concesiones por parte de Diputación, fruto de la mala voluntad de esta institución». «La presidenta de la Diputación no ha cedido ni un ápice, forzando a que el acuerdo se cierre solo con dinero a cambio de reinvertir una parte en la ciudad», aseveró en su día su portavoz, Sonia Ordóñez.

la vía socialista. La postura más cercana a la del equipo de Gobierno es la del PSOE, donde dan por buena la solución diseñada por PP y Cs pero establecen una condición para dar su apoyo. Los socialista exigen que la capital, además de recibir esos 9,5 millones, sea beneficiaria de un plan de inversiones de la Diputación que recaiga en la mejora de bienes de titularidad provincial, poniendo el ejemplo del Camino de San Román. La cifra que ha marcado el PSOE para ese plan es de 3 millones de euros.

La petición, en realidad, más que al Ayuntamiento condiciona a la institución provincial, donde se rechaza de pleno que el grupo municipal de la capital condicione las políticas de inversión. De hecho, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha exigido al PSOE que haga la propuesta a través de su grupo político provincial para poder ser debatida por el pleno.

En resumen, el equipo de Gobierno tiene que superar sí o sí el trámite plenario y aprobar el plan de pagos si quiere acceder al crédito del Fondo de Cooperación. Y, por ahora, vuelve a la casilla de salida, ya que sigue sin tener los apoyos necesarios, solo que a diferencia de hace un mes, ya no puede plantear más cuestiones de confianza.