Las ayudas destinadas a la financiación de la oferta formativa dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados en Castilla y León contarán con la mayor cuantía de su historia, al alcanzar los 53 millones de euros, un 65% más que la media de los últimos ocho años, lo que supone un incremento de más de 20 millones, con el objetivo de llegar a forma 16.000 alumnos. El departamento que dirige Mario Veganzones publicó ayer las bases reguladoras de estas ayudas, que darán acceso a 215 especialidades con certificado de profesionalidad diferentes. Otra de las principales novedades que reflejan las bases reguladoras es la valoración del compromiso por parte de las entidades de formación a insertar laboralmente a los alumnos.
Así, la Consejería de Empleo ha adaptado las bases a las sentencias judiciales promovidas desde el propio sector para lograr un mercado más competitivo. Todo esto con el objetivo de lograr una mayor ejecución del programa por parte de las academias, que durante los últimos años no ha llegado al 70%. Unas publicación que llega después de que este martes la Federación de Asociaciones Castellanas y Leonesas de Empresas de Formación, denunciase que las políticas emprendidas desde este departamento «van a conseguir que los alumnos reciban una peor formación y los cerca de 14.000 empleos que genera este sector se pierdan en la Comunidad y sean dirigidos desde otras partes de España».
Por su parte, el consejero aseguró que seguirán apostando por «impulsar» la formación de los trabajadores, algo que considera «vital» a la hora de mejorar la empleabilidad y la calidad del trabajo. La convocatoria de esta línea cumple con uno de los compromisos que adquirió la Consejería al inicio de la legislatura respecto a la reducción del gasto político superfluo de cara a su aprovechamiento en políticas de formación eficaces, tal y como aseguraron desde Empleo.
Las bases reguladoras de las subvenciones para formación de trabajadores desempleados no obligan a la acreditación de disponer de instalaciones para la impartición de los cursos presenciales o telemáticos para acceder a la condición de beneficiario. La orden recogida por Ical indica que los planes formativos contenidos en cada solicitud serán valorados conforme a los compromisos de inserción laboral y su contribución a la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Asimismo, se valorará el compromiso de mantenimiento de nuevas contrataciones de personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. Se puntuará además la formación dirigida específicamente a planes formativos considerados preferentes en la respectiva convocatoria.
Críticas sindicales
Una decisión que no ha sentado nada bien en las centrales sindicales, que lamentaron que la Junta haya dejado fuera de las ayudas de formación y fomento del empleo y autoempleo el paquete de subvenciones del programa de contratación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en diputaciones provinciales y municipios mayores de 20.000 habitantes, que tendrán que dedicar sus propios recursos para luchar contra la desigualdad. «El Gobierno de coalición de la Junta continúa ejecutando su hoja de ruta, en contra de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la mirada puesta en sus prioridades ideológicas», aseguraronCCOO y UGT en un comunicado.