La banca española presume de solvencia una década después de que el Ejecutivo se viera abocado a pedir el rescate financiero a sus socios europeos para sanear el sector e iniciar los primeros pasos de la creación de un banco malo para liberar a unas cuantas entidades del lastre inmobiliario.

El sábado 9 de junio de 2012, apenas un mes después de que José Ignacio Goirigolzarri llegara a la Presidencia de Bankia y se iniciara la nacionalización de la entidad, el Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba que pediría una línea de ayuda de hasta 100.000 millones de euros para reforzar el capital de esta y otras firmas.

El rescate, que el entonces ministro de Economía Luis de Guindos insistía en llamar «un préstamo en condiciones muy favorables», había llegado después de que Bankia solicitara una inyección pública multimillonaria en un momento en el que el interés del bono español a 10 años estaba en el 6,7%.

Antes, desde 2010, el Estado ya había concedido ayudas a través del FROB para los procesos de integración de las cajas de ahorros y en 2011, tras la extensión de la crisis de la deuda soberana en la zona del euro y el deterioro económico, se aportaron nuevos fondos.

El Gobierno solicitó la ayuda formalmente el 25 de junio de 2012, aunque el Eurogrupo no dio su visto bueno hasta el 20 de julio, con una estricta serie de condiciones más allá del sector financiero, pues vino acompañada de una congelación de las pensiones, de un recorte de las prestaciones de desempleo y de un alza de impuestos.

A partir de la petición, se encargó un análisis de los activos del sector bancario y una prueba de resistencia de cada banco para determinar sus necesidades de capital, inyectar los fondos públicos y crear la Sareb, el llamado banco malo.

Fusiones

El rescate fue determinante para la recuperación del sector y de la economía en su conjunto, ya que consiguió abaratar sensiblemente el coste de financiación, y supuso además una tercera fase de actuación del FROB, que entonces inyectó 41.333 millones en nueve entidades, de los que 17.959 millones fueron para Bankia.

Teniendo en cuenta las ayudas públicas anteriores, BFA-Bankia recibió 22.424 millones; Catalunya Banc, 12.052; NovacaixaGalicia, 9.052; Banco de Valencia, 5.498; CEISS, 1.129; BMN, 1.645; Caja3, 407 millones; Banco Gallego, 245 millones, y Liberbank, 124 millones.

El grueso del dinero se da por perdido y el destino de cada una de estas entidades ha sido muy diferente. Catalunya Banc pasó a manos del BBVA, que había adquirido antes Unnim; Novacaixagalicia cayó en manos del grupo venezolano Banesco, que la rebautizó como Abanca.

CEISS, fruto de la fusión de Caja España-Duero se integró en Unicaja Banco, grupo al que se sumó durante la pandemia Liberbank, la alianza creada por Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Caja3 encontró su destino junto a Ibercaja Banco, entidad que ha tratado sin éxito de debutar en bolsa; mientras que BMN -Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra- fue absorbida por Bankia, que acabó protagonizando la mayor fusión con CaixaBank.

La entidad catalana había incorporado antes, entre otras, a Banca Cívica, creada por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos, y se había hecho, tras su intervención, con Banco de Valencia.

Cinco años después del rescate financiero, el Banco Santander, que se había mantenido durante buena parte de la crisis al margen de las fusiones y se había limitado a integrar a Banesto, acabó haciéndose con el Popular tras su intervención.

La consolidación del sector de los últimos años, el saneamiento tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y los ajustes de plantilla y red han hecho que la banca muestre ahora una situación de solvencia mucho mayor, con una ratio de capital de máxima calidad (CET1) del 13,45% a cierre de 2021.

Hasta que el Estado no venda el 16% que posee en CaixaBank y la Sareb eche el cierre, lo que está previsto para 2027, no se podrá saber el coste definitivo que ha tenido el rescate para el contribuyente.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado por España con sus socios europeos en 2021 establecía que la ayuda se devolvería entre 2020 y 2027, a un interés del 1,1%.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy decidió apenas dos años después de pedir el rescate hacer un primer pago al que han seguido, hasta 2018, nueve más que suman en total 17.612 millones de euros.

De este modo, a España todavía le falta por reintegrar 23.721 millones de euros al MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, en distintos desembolsos anuales entre 2022 y 2027.