Para quienes cobran religiosamente todos los meses un sueldo, no resulta fácil ponerse en la piel de aquellas familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo y a la que, sin embargo, siguen llegándole las facturas y recibos del alquiler o la hipoteca y de servicios básicos como la luz y el agua, amén de la alimentación, el vestido y el calzado de los miembros que la forman. Nos referimos a los casos de un buen número de familias monoparentales con ingresos insuficientes para hacer frente a las necesidades vitales del día a día, a los parados mayores de 45 años o de larga duración, que han agotado las prestaciones y que, pese a su búsqueda constante y a la realización de cursos formativos, no encuentran un empleo ni siquiera precario, y a cualquier otra persona o unidad familiar en situación de exclusión social. 

En ocasiones, a la dificultad para ponerse en su lugar y tratar de entender la penosidad de sus circunstancias, quienes están en una situación mejor, añaden tintes de clasismo, cuando no de racismo, o simplemente actitudes despectivas, que sitúan a los beneficiarios de ayudas institucionales en la categoría de parásitos sociales, que buscan ingresos fáciles, sin contraprestaciones laborales. Pero ni las cosas son así  en la inmensa mayoría de los casos ni resulta tan sencillo entrar a forma parte del bloque de los beneficiarios. Y si no que se lo pregunten a quienes están inmersos en un proceso largo y en ocasiones farragoso, o cuando menos complicado, para tramitar una de esas ayudas, léase por ejemplo la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía.

El número de familias que en Palencia la han percibido entre enero y septiembre de este año es de 877, con un total de 2.329 beneficiarios. La renta es en su nivel básico de 430 euros mensuales, que es aquel en el que una sola persona forma la unidad familiar, y se incrementa porcentualmente en función de los convivientes hasta un máximo de 699 euros para cuatro o más. Con estas cifras a la vista, cabe plantearse las dificultades para cubrir las necesidades básicas y no perder el norte o, lo que es lo mismo, no sentir el peso de la exclusión. La Renta de Ciudadanía plantea una serie de condiciones, y es lógico de cara a evitar esas tentaciones parasitarias de cifrarlo todo en el paragua institucional, en este caso el Gobierno regional, si las hubiera. Contempla, asimismo, los llamados proyectos individualizados de inserción, que buscan precisamente el regreso del beneficiario al mercado laboral y su progresiva normalización.

Ciertamente, la búsqueda de un empleo no es fácil para casi nadie y menos en una situación de crisis sociosanitaria como la que estamos viviendo, pero hay personas que todavía lo tienen más difícil y a los que no se debe dejar atrás. Porque tienen derechos y dignidad. Y porque la Constitución ampara a todos.