El Ayuntamiento ha desestimado la reclamación presentada por Palbús, la empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano de la ciudad, en la que exigía el pago de 195.251 euros por los daños y perjuicios ocasionados con la modificación del contrato aprobada por el Consistorio en noviembre de 2017 y que el juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo declaró ilegal.

El informe pericia confeccionado por la propia empresa concluye que «los cambios introducidos en el contrato de transporte urbano (...) significaron unas pérdidas de 44.445 euros al año». A esta cantidad, Palbús suma el IPC acumulado desde entonces, lo que resulta la cifra de 195.251 euros antes citada.

La adjudicataria argumenta que la modificación anulada por el juzgado, junto con las introducidas anteriormente, «afecta a un porcentaje del precio del contrato muy superior al permitido por la normativa aplicable».

«Por un lado, queda acreditado que, tras la cuarta modificación, ha sufrido cambios por encima del 20% del precio del contrato; y, por otro, que dichas modificaciones han afectado al régimen económico del contrato y han tenido un tremendo impacto en la economía del mismo, rompiéndola de forma directa y sustancial», continúa la argumentación de la empresa, que cifra exactamente el incremento del importe económico respecto al de licitación en el 20,9 por ciento, y que especifica que algunas partidas han  variado hasta un 30,2%, como es el caso de la de conductores, e incluso un 36,4%, en la de autobuses.

rechazada. Todos estos argumentos han sido rechazados por el Ayuntamiento, que en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer desestimaba la reclamación de Palbús por el coste extra que ha tenido que soportar desde la modificación que aprobó el Consistorio. Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2019, el juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Palencia dictó una sentencia en la que daba por bueno el recurso que Palbús presentó en 2018 y, por lo tanto, declaró nulo el acuerdo adoptado el 16 de noviembre de 2017 por el pleno del Ayuntamiento, en el que se procedió a la aprobación definitiva de la modificación del contrato de concesión del servicio urbano de transporte colectivo de viajeros.

El fallo sentenciaba que, tal y como argumentó Palbús, esa modificación era contraria a Derecho, una conclusión a la que ya había llegado el Consejo Consultivo de Castilla y León quien, a solicitud del Ayuntamiento -gobernado entonces por el popular Alfonso Polanco-, emitió en fecha 5 de octubre de 2017 un dictamen cuya conclusión fue que  no procedía modificar el contrato en los términos planteados por el Ayuntamiento». 

El anterior equipo de Gobierno desoyó las quejas de Palbús y ese dictamen, y el juzgado terminó por concluir que el cambio propuesto alteraba las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato, dando la razón a la firma.

El Ayuntamiento pide las cuentas

El Ayuntamiento ha desestimado la reclamación de Palbús en base a un informe de su ingeniero industrial que expone cuatro motivos, entre ellos, que no cabe cuestionar los precios de las horas de trabajo del contrato, o que los kilómetros y horas que ofrece Palbús en su informe «se basan en datos teóricos, no en reales», poniendo como ejemplo que no se han tenido en cuenta en 2020 las restricciones originadas por la pandemia. El ingeniero también expone que la empresa no ha aportado auditorías de cuentas de pérdidas y ganancias, por lo que «si lo que se reclaman son daños y perjuicios económicos deberían aportarse también las cuentas de explotación auditadas, donde se acrediten dichos perjuicios».