La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Palencia demandó hoy la equiparación salarial en los Centros de Acción Social (CEAS) del medio rural  de los empleados contratados por los ayuntamientos con los que integran la plantilla de la Diputación. Una medida que vendría a solucionar una brecha que puede alcanzar los 700 euros al mes, según la información hecha pública ayer por el sindicato.

Asimismo, reclama que todo el personal vinculado a los Centros de Acción Social (CEAS) que tienen actualmente contrato con los consistorios de la provincia, salvo los de la capital, sean asumidos por la institución provincial. De esta manera, se cumplirá con la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, dándose además la circunstancia de que esta situación «únicamente se da en esta provincia», advirtió el responsable de FSC, Agustín Estefanía.

De la plantilla total de unas 60 personas, esta situación afecta a 32 trabajadores que prestan sus servicios en losCEASde once ayuntamientos y una mancomunidad de la provincia: Guardo, Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, Astudillo, Osorno, Torquemada, Carrión, Villarramiel y Saldaña y la Mancomunidad del Cerrato.

La situación viene provocada porque, según explicó Estefanía, «hasta junio del pasado año, los trabajadores de los CEAS en ayuntamientos pequeños y Diputación no tenían reconocidas sus plazas». A raíz del proceso de estabilización, que las administraciones deben cumplir por ley, en la institución provincial se modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incorporar a estos trabajadores, en su mayoría mujeres. Esto implica, además, el reconocimiento de su categoría laboral y los complementos que les corresponden. 

Esta actualización no se ha llevado a cabo en los consistorios de menos de 20.000 habitantes, «generando una diferencia de condiciones salariales sustanciales». «La labor que realizan es la misma, se desarrolla en el mismo lugar y es organizada y coordinada por la propia Diputación», sostuvo.

La FSC entiende que urge alcanzar un acuerdo que «dé una solución transitoria» a estos trabajadores, «hasta conseguir el definitivo cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales». Por ello, insistió en fijar una reunión con la Diputación para avanzar en esta materia.