La comisión de Hacienda dio ayer luz verde, con los votos a favor de PP y Cs, la abstención del PSOE y el no de Ganemos y Vox a la propuesta de presupuestos para este año. Quien crea que el camino de las cuentas de 2022 queda allanado de cara a su aprobación por el pleno el próximo miércoles, se equivoca. El equipo de Gobierno aún no tiene los apoyos necesarios para aprobar su estrategia de gastos e ingresos, la cual asciende a 112.389.856,57 euros que incluyen el pago de los 26,7 millones  de la sentencia de la calle Jardines.

El alcalde, Mario Simón, lo sabe, y ayer lanzó un mensaje a cada uno de los 24 concejales que conforman el Ayuntamiento. «En un momento tan decisivo, tienen que anteponer el interés general y el beneficio de Palencia por encima de cualquier interés personal o partidista», aseveró el primer edil.

«Es el presupuesto más importante de los últimos 20 años y del futuro de la ciudad, por eso hemos pedido el apoyo de todos los grupos», explicó Simón, que desveló que el pleno recuperará su presencialidad -las últimas sesiones han sido telemáticas- y que se llevará a cabo una votación nominal, es decir concejal a concejal, en vez de por grupo como es habitual.

«En este momento, ante este presupuesto, con una sentencia por cumplir y con los fondos europeos, cada concejal tiene que actuar con la máxima responsabilidad», sostuvo el regidor, que, no obstante, se mostró convencido de que «en el último momento van a sacar adelante unas cuentas que no son de ningún color político sino las que necesita Palencia para unas inversiones imprescindibles y para garantizar unos servicios mínimos».

«Nunca de ningún presupuesto se han dado tantos detalles», sostuvo Mario Simón, que aseveró que todos los concejales «conocen la solución de la calles Jardines de forma pormenorizada, con total transparencia y nitidez». Unas cuentas en las que tiene un gran peso, porque «en todos estos años solo ha habido una ocasión, esta, en la que se presenta una solución factible y acordada». «Ni los palentinos ni yo podemos entender que no se acepte», añadió. 

El primer edil también recalcó que de la aprobación de las cuentas dependen cuestiones como «la oportunidad de poner fin a las obras del centro de congresos y exposiciones de La Tejera», los 3,5 millones para «dignificar» la orilla del río o los 2,5 millones para cofinanciar todos los proyectos de los fondos Next Generation. Pero también cuestiones como el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos o el nuevo mobiliario de las dos escuelas infantiles o el impulso al turismo con el plan director de los cerros del Cristo y San Juanillo.

la oposición pide informes. Por su parte, los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Ganemos, han solicitado esta semana a los servicios de Intervención y Secretaría del Consistorio que se emitan sendos informes relativos al cumplimiento de la sentencia de la calle Jardines. En concreto, desean conocer si, al contrario de lo que sostiene el equipo de Gobierno, hay o no diferentes posibilidades de ejecutar la resolución judicial de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León para que resulte lo menos gravosa para las arcas municipales.

Según se hace constar en los documentos presentados, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa determina que si la administración condenada estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, podrá ponerlo en conocimiento del juez o el tribunal para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa.

Cabe recordar que en el informe de la interventora general que fue al pleno el pasado 19 de enero, ya se decía que afrontar el pago de la sentencia «supondrá un aumento de la carga financiera municipal anual» que tendrá como consecuencia «falta de liquidez y retrasos en los pagos, imposibilidad de concertar nuevas operaciones de crédito para financiar las inversiones municipales y un plan de saneamiento con reducción de gastos o un aumento de los impuestos».

Precisamente, PSOE, Vox y Ganemos piden a Intervención que se informe «sobre la capacidad de endeudamiento que tiene el Consistorio, así como una evaluación del trastorno grave que pudiera suponer la ejecución de la sentencia en el caso de que no se produjera la rápida minoración de la deuda con la devolución por parte de la Diputación de 9 millones de euros».

En cuanto a los informes de Secretaría, las tres formaciones políticas se interesan por la posibilidad legal de que el Ayuntamiento y la Diputación acuerden la ejecución de la sentencia en los términos que ambas administraciones consideren. En el caso de que este acuerdo pudiera producirse, la oposición  pregunta sobre «la posibilidad real de que la institución provincial, en cuanto a administración pública, pueda condonar total o parcialmente la obligación contenida en el fallo judicial».