La huelga que con carácter indefinido mantiene el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes secretarios judiciales -una veintena de profesionales están adscritos a la Justicia de Palencia- ha obligado en la primera semana de movilizaciones a suspender un total de 34 juicios y 48 actuaciones como declaraciones, comparecencias o subastas, entre otras.
Según informaron fuentes del colectivo a Diario Palentino, durante este tiempo se han quedado 194 demandas sin incoar en los Juzgados de Palencia, así como 1.758 escritos sin tramitar.
Por otro lado, un total de 291 cantidades de dinero se han quedado sin ingresar a su correspondiente destinatario.
No hay que olvidar que de mantenerse esta tendencia durante los días que dure la huelga ya indefinida, podrían verse suspendidos centenares de vistas diarias entre los distintos partidos judiciales de la provincia (Palencia, Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga), aunque hay que tener en cuenta que no todos los días de la semana se señalan juicios ni están programadas actuaciones judiciales.
«El Ministerio de Justicia aún no se ha reunido con el comité de huelga y la situación de los juzgados va cada día peor», explicaron ayer a este periódico fuentes del colectivo.
La huelga indefinida es el resultado del conflicto laboral que mantienen los letrados de Administración de Justicia (LAJ) desde hace meses con el Ministerio de Justicia. El desacuerdo había llevado ya a convocar huelgas puntuales a finales del año pasado.
El conflicto tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas a los letrados en sucesivas reformas. Según estos funcionarios esto ha provocado un «insoportable desequilibrio laboral».
El detonante del conflicto es el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
La huelga de los letrados de justicia comporta una gravedad en el funcionamiento de esta administración. Supone un riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales, salvo los servicios esenciales. En este aso se encuentran aquellas actuaciones que incluye a presos, menores o personas con alguna discapacidad.
Al común de los ciudadanos y a muchas empresas también les afecta porque se paralizan los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones…) y al Tesoro Público (multas, depósitos…), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales.