La Permanente del Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León acordó ayer por unanimidad presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto- Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, que tiene por objeto la modificación de la Ley 10/2014 y que convierte fondos que las entidades locales (de más de 1.000 habitantes) recibían de forma incondicionada en fondos condicionados en cuanto a su destino.

Las Cortes convalidaron el pasado julio el decreto ley, presentado por la Junta, con los votos de PP y Ciudadanos, la oposición del PSOE, Podemos, UPL y Vox y la abstención de Por Ávila. Se presentará con la firma de 50 senadores, informaron fuentes socialistas.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tras reunir a la Permanente del Consejo de Alcaldes, considera que el decreto acordado de manera «unilateral» por la Junta «desvirtúa la regulación de los fondos» y se realiza a través de un instrumento prohibido por el Estatuto de Autonomía. Por eso, añade, se ha decidido a dar este importante paso en defensa de la autonomía local de los ayuntamientos de la Comunidad, que están siendo maltratados por la Junta.

El líder socialista subraya que «el PP no está correspondiendo a la lealtad que se le ha tenido durante estos meses. Ha roto, una vez más, un acuerdo de Comunidad cambiando la financiación destinada a los ayuntamientos, a los que dedica la mitad de dinero que otras comunidades, y haciendo más difícil que estos ayuden a sus vecinos en la peor crisis de nuestra historia».

«Mañueco e Igea, seis meses después, no sólo no han dado ni un euro en ayudas a trabajadores, familias o empresas sino que parecen empeñados en que los ayuntamientos tampoco puedan hacerlo», añade Tudanca. Por eso, concluye, «recurrimos al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local y de la gente de esta tierra ante un gobierno autonómico que solo está preocupado de la propaganda».

En tal sentido, explica que esta normativa condiciona la autonomía de los ayuntamientos para destinar financiación a lo que de verdad necesita la gente. De esta forma, «se vuelve a primar el cemento y al ladrillo», insiste.

El PSOE considera que en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la vulneración por un decreto-ley de los límites materiales establecidos en su Estatuto supone a su vez una vulneración de la Constitución. De esta forma, «la Junta rompe de forma unilateral un acuerdo de Comunidad (financiación local recogida en la ley 10/2014) en mitad de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente».

El Partido Popular, sostiene Tudanca, «aprovecha las circunstancias, en mitad de la pandemia, para colar por la puerta de atrás un ataque a la autonomía local de las entidades locales», según informa Ical.

Además, el dirigente socialista y el Consejo de Alcaldes critican que este decreto se apruebe en mitad del ejercicio económico, cambiando las reglas en mitad del partido y sin haberlo hablado con las entidades locales, lo que representa una falta de lealtad institucional sin precedentes.

«Hartazgo por el uso y el abuso»

El presidente del Consejo de Alcaldes, el soriano Carlos Martínez, trasladó el «hartazgo» de los ayuntamientos por el «uso y abuso» que la Junta hace de los mismos al mismo tiempo que les pide «colaboración incondicional» para salir de esta crisis sanitaria, que se ha vuelto económica y social. 

Martínez critica que «utilice 20 etiquetas para 20 problemas» sin que haya fondos extraordinarios para atajarlos. El alcalde soriano critica que Mañueco quiera combatir la despoblación, afrontar la Agenda 2030 o desarrollar el pacto por la reconstrucción con el mismo dinero pero otros nombres.

Por ello, el portavoz socialista en el Senado, el burgalés Ánder Gil, precisa que el PSOE va a poner la Cámara Alta al servicio de los castellanos y leoneses para que se dé marcha atrás a un decreto injusto.