El PSOE calificó ayer de «revisión encubierta» las modificaciones que el equipo de Gobierno ha planteado sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y les reclamó una reforma «integral» del mismo basada en el interés general en lugar de concatenar modificaciones «a demanda» de diferentes colectivos.
La portavoz del PSOE, Miriam Andrés, criticó que el Ayuntamiento tiene el mismo instrumento de planeamiento desde 2008, «sin que se vislumbre una idea urbanística global». «Trece años en los que hemos vivido una crisis inmobiliaria que cambió el modelo de proyección de ciudad», expuso Andrés, quien dijo que el equipo de Gobierno «tiene el deber y la responsabilidad de modificarlo de acuerdo al interés público».
El grupo socialista anunció asimismo que ha presentado 16 alegaciones a dicha propuesta de modificación. El concejal responsable de Urbanismo del PSOE, Luis Muñoz, explicó que, «cuando hay tal cantidad de modificaciones en poco tiempo, el Tribunal Supremo ha condenado en multitud de sentencias estas actuaciones, en el sentido de que lo que entrañan es una revisión encubierta del PGOU».
«No lo hacen afrontando de forma directa y valiente una revisión, sino a base de parches», añadió Muñoz, quien subrayó que, cuando una modificación afecta a temas de edificabilidad o número de viviendas, «legalmente se debe hacer una revisión».
Es el caso de una de las modificaciones que se plantean acerca de reducir el límite de la altura libre para hacer viviendas en las entreplantas. «Defendemos una dignidad mínima», expresó Muñoz, quien hizo referencia a una orden de 1944, que sigue vigente y establece una altura mínima de 2,5 metros; asi como a la modificación de 2018 que ya redujo la altura en 10 centímetros.
El PSOE consideró que otra de las propuestas es «muy dura». Muñoz se refirió a la rebaja de las condiciones para considerar como vivienda exterior aquella que está volcada al patio de manzana.
Hasta ahora, para que sea considerada así, el patio debe tener la misma cota de rasante que la calle y debe haber una comunicación a ese patio con una anchura mínima de seis metros, no solo para que sea un espacio privado de uso público sino para que puedan entrar ambulancias o bomberos.
«Si se eleva la cota de rasante y se ocupa la planta baja con garajes o establecimientos comerciales, el patio se sitúa a la altura de planta primera y deja de tener carácter público. Se quedarían sin acceso de bomberos, por ejemplo», criticó Muñoz, quien también se refirió a la protección del arbolado de la ciudad.
«Creemos que esta modificación del artículo 154 [que rectifica el concepto de fuerza mayor imponderable] es una respuesta airada a la sentencia contra la tala en Los Jardinillos», subrayó Muñoz. «Hemos propuesto un texto alternativo para que, siempre que se puedan repoblar, se puedan talar por estar secos o por tener una inclinación peligrosa», añadió el concejal, quien concluyó pidiendo que la modificación del 185, que permitiría talar árboles no autóctonos en la ribera del río Carrión, «esté bien argumentada» porque «entra en contradicción con el informe ambiental del PGOU».