La Fiscalía General del Estado ha dictado una instrucción para unificar la respuesta de los fiscales ante el nuevo escenario de recursos previsto en el decreto aprobado por el Gobierno de medidas ante el levantamiento del estado de alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19 el próximo domingo, día 9.
La instrucción analiza el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes en el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, informa la Fiscalía General.
En la misma se establecen pautas a los fiscales para unificar la respuesta procesal inmediata ante el nuevo escenario de recursos recogidos en dicho texto normativo.
Además, establece cauces de comunicación directos con el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo a través de la red de delegados por todo el territorio.
La instrucción busca coordinar la labor del Ministerio Fiscal y asegurar la celeridad en el planteamiento de las cuestiones que lleguen al Tribunal Supremo.
El decreto prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo las medidas que adopten las comunidades autónomas que limiten o restrinjan derechos fundamentales para hacer frente al coronavirus.
Cataluña limita reuniones y aforos
La Fiscalía ha respaldado la limitación de las reuniones a seis personas y del 50 % de aforo en actos religiosos y ceremonias civiles que la Generalitat ha planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la propagación del coronavirus, una vez decaiga el estado de alarma.
La Fiscalía ha presentado esta mañana ante la sala contencioso-administrativa del TSJC un informe favorable a las medidas presentadas por la Generalitat, que una vez finalizado el estado de alarma requieren el aval judicial puesto que afectan a derechos fundamentales.
Concretamente, el Govern ha pedido autorización al TSJC para poder limitar las reuniones a un máximo de seis personas, tanto en el exterior como en el interior, y mantener el aforo del 50 % en los actos religiosos y ceremonias civiles.