El modelo de financiación vigente ha provocado en Castilla y León un déficit de 7.650 millones de euros desde su aprobación hace trece años, lo que supone una desfase de 1.500.000 euros diarios entre los recursos recibidos del Estado y el gasto para hacer frente a los servicios básicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Así lo denunció ayer  la Junta de Castilla y León, que lleva varios años clamando por una reforma del actual modelo que reajuste los fondos que otorga el Gobierno central a las comunidades para el pago de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y para lo que el pasado mes de noviembre tejió una alianza con otras siete regiones con una problemática similar que quedo recogida en la declaración de Santiago. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó que el pasado lunes, día 31 de enero, la Comunidad remitió al Ministerio de Hacienda sus alegaciones al 'Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada' y consideró que los plazos sobre la aprobación del mismo no depende de las autonomías sino del Gobierno. «Llevamos cuatro años sin que se haya producido negociación», recordó, y confió en la pronta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para avanzar en la revisión del actual modelo. En este punto,  aseguró que tiene la «mano tendida» para acordar un nuevo sistema de financiación autonómica.

Las cuentas de la Junta

Sobre el cálculo de la Junta, precisó que las entregas a cuenta del sistema no cubren los gastos de la prestación de educación, sanidad y servicios sociales y acumulan cada año en el presupuesto de la Comunidad un déficit de unos 500 millones de euros. En sus alegaciones, detalló que el Gobierno autonómico no está de acuerdo con que se reduzca el peso vinculado al envejecimiento de la población y en que se debe ponderar en mayor cuantía las variables de superficie, densidad y dispersión de la Comunidad, como recoge el Estatuto de Autonomía. Además, reclamó que Castilla y León esté en el fondo para autonomías de menos de dos millones de habitantes.

Por otro lado, el Ejecutivo de la Comunidad propone que el nuevo modelo pondere también cuestiones que afectan al territorio como los kilómetros de carreteras a mantener o el patrimonio natural y cultural. "El cálculo no debe ser solo por el padrón de habitantes", aseveró Fernández Carriedo. Tras el envió de este documento, recordó que corresponde al Gobierno dar el impulso para avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica, por el que apuesta Castilla y León y todas las comunidades. «Ojalá sea pronto», expresó Fernández Carriedo, que recordó que ya han urgido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.